Las cinco familias desalojadas el jueves por la Policía Nacional de las viviendas correspondientes al número 158 de la calle Feria, en Sevilla capital, han celebrado este viernes una 'cacerolada' a las puertas del Ayuntamiento hispalense. En el marco de esta protesta, las familias se han reunido con la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, María Dolores de Pablo-Blanco, aunque el encuentro ha finalizado "sin ningún compromiso claro".

Desde el 30 de agosto, y con el apoyo del movimiento social 15M, estas familias ocupaban las viviendas en cuestión sin contrato alguno o relación jurídica con ellas. Tras su desalojo, derivado de una orden judicial resuelta tras una denuncia por ocupación ilegal, las familias pasaron varias horas encerradas en la sede de la Delegación territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, donde celebraron una reunión con Granada Santos (IU-CA), responsable de este departamento.

Tras la 'cacerolada' y la reunión con Dolores de Pablo-Blanco, las familias señalan en un comunicado que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la vivienda, en vez de mantener cerradas viviendas sociales, ejecutar desahucios a través de Emvisesa o dedicar recursos a hostigar a las personas que deciden, ante su desidia, organizarse para no quedarse en la calle".

El '15M', a tal efecto, esgrime datos del Consejo General del Poder Judicial para advertir de que sólo en el primer trimestre de 2012, se produjeron 711 lanzamientos en la provincia de Sevilla, es decir, ocho familias desahuciadas cada día. "Esto es sólo la punta del iceberg si añadimos las familias que están a punto de perder su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca o el alquiler, aquellas que viven hacinadas en casas de familiares, ocupando en muchos casos, con pareja e hijos, una pequeña habitación, las que apenas encuentran refugio en los albergues o las que directamente viven en la calle", dice la corriente social '15M'.