El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, han mantenido este viernes una reunión en Sevilla con los rectores de las diez universidades públicas andaluzas dentro del marco de "colaboración permanente" establecido entre la Junta y las instituciones universitarias.

Según informa el Gobierno andaluz en un comunicado, los consejeros han hecho un reconocimiento a la lealtad institucional y la responsabilidad con la que desempeñan su función las universidades públicas, al tiempo que han transmitido a los rectores su convicción de que la política educativa, de la que forma parte la Universidad, es una "prioridad" para la Junta de Andalucía.

Durante el encuentro, el Gobierno andaluz y los rectores de las universidades andaluzas han acordado la creación de un grupo de trabajo para analizar los mecanismos que permitan atenuar las tensiones de tesorería que afectan a las universidades dentro del contexto general de falta de liquidez de la economía española.

El acuerdo pasa por la constitución "con carácter inmediato" de dicho grupo de trabajo del que formarán parte las secretarías generales de Hacienda y de Universidades y las gerencias de las universidades con el fin identificar los mecanismos precisos para hacer frente a la situación.

Ambas partes, según la Junta, han expresado la necesidad de que se establezcan "mecanismos de liquidez adecuados a las necesidades de tesorería de las comunidades autónomas en el marco de los objetivos previamente fijados" y, además, los titulares de las Consejerías de Economía y de Hacienda han solicitado a las instituciones universitarias "su apoyo en la defensa de una correcta aplicación del modelo de financiación autonómica por parte del Gobierno central y la definición de objetivos de deuda y déficit adecuados y equitativos".

Del mismo modo, la Junta ha garantizado a las universidades su compromiso para trasladar al Gobierno central "las necesidades de que éstas puedan acogerse en el futuro a un plan de pago a proveedores establecido por el Gobierno central".