Audiencia rechaza nuevamente la suspensión del juicio por cohecho en Mercasevilla pedida por Mellet

El magistrado que presidirá el juicio con jurado popular por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla ha vuelto a rechazar la suspensión del juicio solicitada por el abogado de Fernando Mellet, exdirector general del merca.

El magistrado que presidirá el juicio con jurado popular por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería de Mercasevilla ha vuelto a rechazar la suspensión del juicio solicitada por el abogado de Fernando Mellet, exdirector general del merca.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el magistrado presidente, Ángel Márquez, ha dictado una providencia en la que rechaza la nueva petición para suspender el juicio planteada por el letrado de Mellet, acusado en este caso junto a su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que, con anterioridad a conocer la resolución del magistrado, el abogado de Fernando Mellet, José Manuel Carrión, ha presentado otro escrito en el que vuelve a pedir la suspensión de la vista oral que deberá comenzar el próximo día 28 de septiembre con la constitución del jurado popular y las alegaciones previas.

Recientemente, el magistrado presidente rechazó una primera petición impulsada por la defensa de Mellet para que fuese suspendido el comienzo del juicio dado el recurso de amparo que aún debe resolver el Tribunal Constitución (TC) en cuanto a la nulidad o no de la grabación sonora de la que arrancó la investigación.

Así, este recurso gira en torno a la querella formulada por la representación de Mellet por una posible "vulneración" del derecho a la intimidad al haber sido grabada sin el conocimiento o autorización de Mellet la conversación que sostiene la causa.

En el juicio, la Fiscalía pedirá para cada uno de los cuatro acusados una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

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