El Consorcio de Atención a las Personas del Alt Urgell, gestionado por el Ayuntamiento y el consejo comarcal, obligará a las personas perceptoras de ayudas sociales de urgencia, para pagar luz, agua, alquiler u otros servicios básicos, a trabajar para los ayuntamientos de la comarca a razón de una hora por cada 15 euros que reciban.

La medida entrará en vigor el 1 de octubre y afectará a las personas que de manera sistemática recurren al consorcio, y que según la memoria del año pasado fueron 240 familias sobre las 1.800 que acudieron en total.

Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida señalan que quedan excluidas de devolver en tiempo las ayudas quienes acrediten tareas de voluntariado o quienes certifiquen el deterioro psíquico o físico, siempre que nadie de su familia pueda sustituirle.

La teniente de alcalde de Atención a las Personas del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, Anna Vives, asegura que un análisis de los beneficiarios de las ayudas económicas que se conceden desde los servicios sociales básicos evidencia que año tras año se incrementan las ayudas económicas destinadas a cubrir necesidades básicas de la vida diaria de los colectivos más vulnerables.

Según Vives, hay núcleos familiares que se convierten en usuarios crónicos de los servicios sociales, los patrones sociales pasan de padres a hijos y predomina el desconocimiento del coste real de las ayudas que reciben los usuarios y del esfuerzo que supone para la administración local y para toda la ciudadanía otorgar estas ayudas.

Según Vives, este sistema, inspirado en el Ayuntamiento de Onda (Castellón) ha despertado interés en otros consistorios.

El alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla (CiU) considera este proyecto representa "una innovación de los servicios sociales, siendo un equilibrio entre derechos y deberes de los usuarios y con la voluntad política de mantener la cohesión social ayudando a la gente que lo necesita, potenciando su autonomía personal".

El PSC, en la oposición en La Seu, ha presentado una moción en contra de la medida para, según su portavoz Óscar Ordeig evitar que las personas que no puedan realizar estas tareas pierdan ayudas de primera necesidad.

La moción, votada este lunes, no prosperó gracias a los votos de CiU, PP y ERC, que han apoyado la decisión del consorcio.