El Grupo Regionalista ha interpelado este lunes al Gobierno de Cantabria (PP) por la reforma de la legislación de régimen local y la posible supresión de mancomunidades y entidades locales menores ya que, a juicio del PRC, estos cambios se están tramitando en "silencio", con el fin de que en las comunidades autónomas estén "quietos" y acaten las modificaciones "con sumisión", es decir, que no haya "crítica" y se sigan "en plan aborregado" las directrices que vengan de Madrid, del Gobierno central y las Cortes.

Sin embargo, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz (PP), que ha negado que se vayan a suprimir dichas entidades, ha acusado al PRC de pretender "embarrar el terreno de juego", generando "incertidumbre" o intentado "dividir", con protestas con las que los regionalistas "creen que van a obtener algún tipo de rédito político".

Así lo ha dicho la consejera 'popular' al ser interpelada por esta asunto en el Pleno del Parlamento, en una iniciativa que ha defendido el portavoz regionalista Rafael de la Sierra, que ha admitido que la citada reforma era una "asignatura pendiente" que, con la crisis, se ha vuelto "ineludible" e "inaplazable".

Tras aludir a las declaraciones del "flamante" presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, también, alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, partidario de "esperar" a que se pronuncie el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y las palabras del presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Julián Vélez, que pide "cordura", De la Sierra ha concluido que lo que pretenden es que "estemos quietos" y se acaten las decisiones.

"Pasará como con el IVA que ya no hay nada que hacer por más que se demuestre que es una medida absolutamente equivocada", ha vaticinado el regionalista, partidario de que se trabaje conjuntamente en este asunto.

Tras recalcar que en el PRC no son "sumisos", el portavoz parlamentario de esta formación ha desgranado las propuestas regionalistas, que pasan por una mejora de las normativas locales, de su financiación y sus competencias.

También defienden que las entidades locales y ayuntamientos "no son responsables del déficit ni del aumento descontrolado de la deuda pública en España", especialmente los consistorios de menos de 20.000 habitantes, las mancomunidades o las juntas vecinales.

Después de indicar que la deuda de los ayuntamientos se encuentra dentro de "límites razonables", el regionalista ha mencionado "casos singulares", como el Ayuntamiento de Madrid que "tiene prácticamente el 50 por ciento de la deuda de todos los ayuntamientos de España" o el de Santander, "que tiene casi el 60 por ciento de la deuda de todos los ayuntamientos de Cantabria".

"Es más -ha añadido- la deuda de los ayuntamientos ha descendido" mientras que "la deuda del Estado ha aumentado nada menos que en 28.000 millones de euros". "Las entidades locales no son responsables del déficit sino probablemente las víctimas de ese déficit" ha recalcado De la Sierra, para quien los mayores problemas de los ayuntamientos son los relacionados con la financiación.

Por ello, cree que se deben aclarar cuáles son las competencias de los ayuntamientos, al tiempo que -como ha añadido- hay que desarrollar uniones entre los consistorios, fomentando la mancomunidad o la comarca. "La solución no es en este caso resucitar las diputaciones provinciales", ha sentenciado, para agregar que el PRC "se opone a eliminar las entidades locales menores, las juntas vecinales" aunque sí hay que "mejorar su funcionamiento", entre otras iniciativas.

Por su parte, la consejera ha defendido que "de silencio nada" y ha indicado que, "en este momento", el Gobierno es partidario de que "hay que hacer cimientos y clarificar algunas cosas, hay que evitar duplicidades y abordar el debate sobre las competencias impropias", para "garantizar la sostenibilidad financiera de las mancomunidades".

También comparten desde el Ejecutivo cántabro los criterios de racionalización retributiva, la búsqueda de una gestión más eficiente que permita ahorrar y eliminar duplicidades y competencias impropias, que se deben "actualizar".

"Vamos a buscar fórmulas de eficiencia, de eficacia y de racionalización", ha concluido Díaz.