José María Morillo, presidente de la federación de empresarios del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha advertido de que la huelga acordada por la asamblea de trabajadores deriva casi totalmente de la liberalización parcial de servicios emprendida por la empresa merced a un informe jurídico del secretario del consejo de administración de su sociedad gestora y a la vez del Ayuntamiento, que precisamente es el máximo accionista.

Morillo, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que la idea de promover una huelga en las instalaciones de Mercasevilla "no es justa" porque la liberalización de servicios, extremo que pone en jaque a unos cien miembros de esta plantilla de 198 trabajadores, debe ser cumplida "porque es Ley", toda vez que el comité de empresa considera que el informe del secretario fue realizado precisamente con el propósito de justificar la decisión política de prescindir de buena parte de la plantilla. El presidente de los empresarios de Mercasevilla ha llamado a los trabajadores a "sentarse y negociar" una solución para que, con esta liberalización, "no se pierdan puestos de empleo o se pierdan los menos posibles".

El destino de los trabajadores

Y es que Morillo defiende que los empresarios que operan en el mercado central pueden contratar a parte de los trabajadores que finalmente resulten afectados por esta medida. No obstante, se ha posicionado contra la idea de que los trabajadores de Mercasevilla "sean semi funcionarios". De cara al paro técnico, José María Morillo avisa de que los empresarios "vamos a funcionar con los trabajadores o sin ellos" para superar los efectos de la huelga.

Para la liberalización de servicios, la directiva de Mercasevilla ha esgrimido un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del propio consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió en agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado en la lonja del mercado central.

La queja de los mayoristas

Porque en junio de 2010, los mayoristas de pescado elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de Sevilla grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Los gravámenes en cuestión fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN), según esgrimen los mayoristas.

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y expuso que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

El informe del secretario

Así, y merced al expediente incoado por la Comisión Europea, el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe titulado "La prestación de servicios en Mercasevilla". Este informe, recogido por Europa Press, concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados".