La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el documento de reconocimiento de asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en la comunidad "sigue plenamente vigente", hasta el punto de que, desde la entrada en vigor del RDL 16/2012 que limita este derecho a los 'sin papeles', "en Andalucía no hemos registrado ninguna incidencia por falta de atención".

Esta norma estatal, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, deja sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España al regular la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España.

En respuesta a una pregunta formulada en el pleno de la Cámara autonómica por el grupo parlamentario de IU, Montero ha vuelto a hacer hincapié en el hecho de que las enfermedades "no entienden de fronteras", motivo por el que ha justificado que su departamento seguirá aplicando una sanidad normalizada (no sólo urgente) a esta población "por motivos de salud pública", en referencia al "peligro" de que se propaguen las enfermedades no tratadas a tiempo.

Tras subrayar que la sanidad pública "es un derecho y no un lujo", la titular del ramo ha agregado que junto a los motivos "humanitarios y de salud pública" se encuentran también razones incluso económicas.

"Si no se atiende a una persona desde un principio, el coste de la enfermedad luego será es más alto por el empeoramiento de su patología", ha avisado Montero, toda vez que ha incidido de nuevo en el hecho de que la frecuentación de la población inmigrante 'sin papeles' "es tan baja que sólo representa el 0,6 por ciento del volumen total de personas que acuden a los centros de atención primaria".

Montero ya dijo que la escasa frecuentación a los servicios sanitarios de la comunidad responde al "miedo" que aún sufren estos inmigrante en situación irregular "que piensan que al dar sus datos administrativos para ser atendidos pueden ser denunciados y expulsados del país o tener que hacer frente a los pagos de su asistencia",

Finalmente, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de un "claro intento de querer desmantelar el modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS)", en alusión a la aprobación de ese real decreto, y que ya son más de 2.000 los profesionales sanitarios que han manifestado su objeción a esta medida en toda España.