El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz que implante, en el marco de los presupuestos de la comunidad para 2013, un impuesto sobre los impactos medioambientales y territoriales causados por las grandes superficies comerciales en Andalucía.

Según ha expuesto Castro, en el marco del debate que se producirá este jueves en el Parlamento de una proposición no de ley del PSOE defendiendo el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central sobre liberalización de horarios comerciales, Izquierda Unida planteará una enmienda 'in voce' solicitando el impuesto sobre grandes superficies y, en caso de que no se pudiera tramitar, registraría una proposición no de ley.

En rueda de prensa, ha expresado el respaldo de IULV-CA al recurso de inconstitucionalidad que la Junta ha acordado presentar en contra del decreto de liberalización de horarios comerciales, apuntando que era algo que se tenía que hacer en defensa del pequeño y mediano comercio y en cumplimiento de un compromiso electoral que se suscribió con los sindicatos, con todas las organizaciones de usuarios y consumidores y con la patronal, en defensa del modelo de horario comercial andaluz.

Ha manifestado que es el momento, no solo de defender los intereses del pequeño y mediano comercio, recurriendo al TC, sino que también se trata de articular políticas que favorezcan a este sector.

En este sentido, ha abogado por que los grandes establecimientos comerciales tengan a partir del presupuesto del próximo ejercicio un impuesto con carácter finalista, de manera que los ingresos obtenidos por la implantación del mismo se destinen íntegramente a financiar los programas medioambientales y urbanísticos del plan integral del comercio de interior de Andalucía.

"Queremos que haya un trasvase de renta entre las grandes superficies hacia el pequeño y mediano comercio", ha indicado.

De otro lado, Castro ha explicado que su formación también va a defender en el Pleno del Parlamento, en el marco de una moción sobre vivienda, que se realice un recargo del 50 por ciento del impuesto del IBI para aquellas viviendas desocupadas en Andalucía.