La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, propondrá en las próximas semanas una modificación de la normativa autonómica del régimen de las vacaciones de los empleados públicos con el objetivo de flexibilizar su aplicación dentro de los márgenes establecidos por el Estado.

"Con ello los empleados públicos de nuestra Comunidad podrán ver mejorada la forma de disfrutar de sus días de vacaciones", ha asegurado la consejera, que ha abogado por el consenso con las centrales sindicales representativas en cada sector, al igual que en la dirigida a regular las excepcionalidades que permitan recibir el cien por cien de las retribuciones en los supuestos de incapacidad.

Este es el principal mensaje que ha trasladado la consejera en su intervención este miércoles en las Cortes donde se ha convalidado con los votos a favor del PP y en contra de la oposición el Decreto Ley del pasado 16 de agosto de estabilidad presupuestaria que suprime la extra de Navidad para todos los empleados públicos y reduce los días moscosos con el fin de ahorrar un total de 219 millones de euros al año.

La consejera, que ha admitido la "contribución directa y explícita" que se está exigiendo al colectivo de los empleados públicos en beneficio del interés común, ha reclamado el "máximo reconocimiento" del resto de los ciudadanos al esfuerzo de los funcionarios a los que ha asegurado que sus renuncias no serán en balde y que serán "corresponsables" de los efectos positivos de estas medidas.

"necesidad ineludible"

Del Olmo ha apelado en todo momento a la "necesidad ineludible" de adoptar unas medidas que garanticen la estabilidad presupuestaria y ha aclarado que la supresión de la paga extra de diciembre será "transitoria" ya que su importe se destinará a aportaciones a planes de pensiones o contrato de seguro colectivo que incluya la contingencia de jubilación, "una vez que se recupere la economía y lo permitan los compromisos de consolidación presupuestaria".

Al personal que no cobre 'extras' se le reducirá su retribución anual total en una catorceava parte, cantidad que se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir hasta el fin de 2012. Asimismo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, único cargo con las extras 'prorrateadas', verá la supresión de esta prorrata en el segundo semestre de 2012.

La única excepción a esta regla son los empleados públicos cuyas percepciones por jornada completa, excluidos los incentivos al rendimiento, son inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido para el año 2012 en cómputo anual, lo que afecta a 470 trabajadores. Además, los profesores de los centros privados concertados experimentarán la misma reducción que el personal docente de la enseñanza pública no universitaria. En la misma línea, las universidades públicas deberán acomodar sus retribuciones a lo establecido por el Gobierno.

Por otro lado, las Cortes han dado el visto bueno a otras medidas como situar el complemento a la prestación económica que se percibe durante las bajas por contingencias comunes en el límite máximo permitido por el Real Decreto Ley 20/2012. Esto supone que entre el primer y tercer día el trabajador en situación de incapacidad temporal percibirá el 50 por ciento de las retribuciones que se hubieran cobrado en el mes inmediatamente anterior; entre los días cuarto y vigésimo la complementación alcanzará, junto con la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, el 75 por ciento de las retribuciones, y a partir del día 21 se recibirá el cien por cien.

El complemento también llegará al cien por cien de las retribuciones en caso de hospitalización e intervención quirúrgica, así como en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La nueva regulación de la complementación económica en situaciones de incapacidad temporal se aplicará a aquellas que se inicien transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del real decreto ley.

Fin al periodo de rebajas

Por último, las Cortes han acordado adaptar a la legislación estatal la Ley de Comercio de Castilla y León con lo que se suprimen los periodos de rebajas y estos descuentos podrán ser complementarios con otras liquidaciones y saldos. Esta modificación permitirá facilitar el ejercicio de la actividad comercial, "asegurando la libertad de empresa y permitiendo la reactivación de la actividad económica".

Así, se contempla que los domingos y festivos de apertura comercial pasen de 8 a 10 al año y se adoptan una serie de medias en relación con las promociones de ventas.

Desde las filas socialistas, el procurador José Francisco Martín ha rechazado la convalidación de un Decreto Ley que supone "un engaño y una estafa electoral" a todos los ciudadanos con el único objetivo de llegar al déficit cero y desmantelar el Estado del Bienestar y el propio Estado de las Autonomías "para sacar adelante un proyecto de derecha pura y dura" en lo que ha definido como un "sálvese quien pueda".

Martín, para quien estas medidas avergüenzan a los propios votantes del PP -en tono irónico ha expresado sus dudas sobre si los propios procuradores 'populares' votaron al partido de Mariano Rajoy—, ha advertido de que este Decreto, "el penúltimo hachazo de Rajoy al Estado del Bienestar—, va a "machacar" a un sector de población, los empleados públicos, que, según ha recordado, "son el pilar básico" para la prestación de los servicios sociales y a los que ya se ha bajado el sueldo con la ampliación de jornada.

Del mismo modo, ha dudado del reembolso de la extra de Navidad en unos planes de pensiones "que no existen" y se ha preguntado si la medida afectará también a los profesores de religión.

Por último, ha lamentado el "furioso ataque" que se ha dado al pequeño comerciante, al autónomo y al comercio tradicional con una liberalización "sin negociar" que "les da la puntilla de un plumazo" y que les pone "a los pies de los caballos" de la gran distribución en un país donde "ha triunfado la ley de la selva" con una Junta "cómplice y satisfecha".

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, ha rechazado la convalidación de un Decreto "bastante deficitario desde el punto de vista legal" y que ha deseado que sea "el último de esta temporada". Entre sus críticas a la norma de la Junta ha asegurado que recorta derechos laborales, cae en algunas "alegrías juríficas" al recortar sueldos y vacaciones de los empleados públicos con unas medidas "perfectamente impugnables" e invade competencias en empleo público y comercio que tendrían que haber sido pactadas con el Gobierno central.

En este sentido, ha asegurado que con esta medida se ha legalizado que Madrid "atrape competencias" de la Comunidad Autónoma sin protestar. "Incluso la aplaudimos", ha lamentado.

Los dos grupos en la oposición han pedido que este Decreto fuese tramitado como Proyecto Ley, aspecto que ha sido rechazado con los votos mayoritarios del PP.