El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha apuntado este viernes en Santander que al Gobierno, y en especial a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, "le preocupa mucho simplificar las leyes" y dotar a la normativa jurídica española "de más calidad".

Por eso, ha subrayado que, desde el Gobierno central, se trabaja ya "en el más ambicioso plan de la democracia" que llevará a los legisladores "hacia una nueva forma de legislar" a partir de un "plan de simplificación y calidad de las normas", según ha informado en un comunicado la UIMP.

Así lo ha señalado durante la clausura del seminario 'Leyes sabias y justas. Una apuesta por la calidad de las leyes' que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El curso ha sido patrocinado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y por la Fundación Manuel Giménez Abad.

Ayllón ha declarado que "no es un verdadero Derecho lo que no se entiende" por lo que el Ejecutivo tiene la "clara voluntad reformista" de hacer más asequible a los ciudadanos el ordenamiento jurídico.

"Esta reforma no es de hoy para mañana, será un trabajo largo, del que se verán los frutos en dos o tres años", ha pronosticado Ayllón, quien ha destacado que esta labor servirá para que el país en conjunto "gane en credibilidad" y sea más justo porque las leyes "sirvan a los ciudadanos".

Según ha señalado, mejorar un ordenamiento jurídico que ahora está "muy desordenado" pasa por utilizar "tres instrumentos: la derogación expresa de leyes, la refundición de otras en un único texto y la codificación, que supone constituir cuerpos jurídicos.

Ha avanzado que la reforma a plantear se hará "sector a sector, no ministerio a ministerio" y esa revisión tendrá muy en cuenta "el estilo y el lenguaje" de las normas, explicó.

Ayllón ha insistido en que el lenguaje debe cuidarse "porque no puede ser que algunas leyes" sean ininteligibles.

Según sus datos, desde 1960 se han aprobado en España 3.600 leyes, de las cuales 3.300 siguen en vigor. También se ha dado luz verde a más de 18.000 decretos y 50.000 normas de la Unión Europea.

Si se suma la legislación de rango autonómico, se podría decir, según ha apuntado que, hay 70.000 normas en vigor o, mejor expresado, 70.000 normas que no han sido derogadas.

A su juicio, este es, precisamente, "uno de los mayores problemas del ordenamiento jurídico español, que no se derogan las leyes expresamente".

Además, en su opinión, la Ley de Transparencia ha llegado "demasiado tarde", ya que España "era el único país de la UE con más de un millón de habitantes que no la tenía".

Una situación que, según ha comentado, se propone subsanar el Ejecutivo actual, que quiere hacer ver que España es un país "en el que todo se puede demostrar y en el que se puede volver a confiar. "Había una exigencia ciudadana fundamental sobre esta ley", ha añadido.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha señalado, por otro lado, que el equipo que se está ocupando de arrancar este plan de simplificación y calidad espera contar "con todo tipo de opiniones, las de quienes hacen las normas y las de los que las aplican".

En resumen, con todos los implicados en la vida jurídica y judicial del país. "Queremos contar con todo aquel que quiera ayudar", ha especificado.