Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha solicitado la imputación de los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia, así como a los miembros de la Comisión de Retribuciones, al considerar que hay "indicios de delito" en la dotación del plan de prejubilaciones de los directivos de la entidad.

El partido ha remitido un documento de alegaciones con datos concretos sobre el caso al Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia con la confianza de que la Fiscalía apoye su petición y el juez "reconsidere sus iniciales reticencias" al respecto y adopte las nuevas pruebas con el ánimo de que puedan aclararse los hechos.

La portavoz del partido en Segovia, Luciana Miguel, ha recordado este jueves en una rueda de prensa ofrecida junto con el responsable de los Servicios Jurídicos del partido y miembro del Comité de Dirección de UPyD, Andrés Herzog, que las retribuciones percibidas por integrantes del Comité de Dirección de la Caja ascienden a unos 45 millones de euros, que se han repartido entre 15 personas a lo largo de cinco años.

Herzog ha desgranado que en 2006 se aprobó un Plan de Prejubilación que tenía como finalidad retener el talento y garantizar la permanencia de quienes entonces integraban el Comité de Dirección, para lo cual se ideó un sistema de relevo ordenado y paulatino de cese de la entidad en función de la edad de sus integrantes.

Sin embargo, según ha precisado, el proceso de integración en Bankia "puso en cuestión" ese plan y asustó a los directivos, que se vieron relevados de sus cargos sin tiempo suficiente para devengar su derecho a las prejubilaciones.

Fue entonces cuando el Consejo cambió su estrategia, ha asegurado Herzog, quien ha apuntado que en 2008 procedió a una primera modificación del Plan para garantizar la permanencia de quienes entonces integraban el Comité y que en 2010 se olvidó del sistema de relevo ordenado y paulatino para acordar un nuevo cambio con el fin de "flexibilizar" aún más la prejubilación. "En definitiva, se pasa de una renovación ordenada a una estampida generalizada", ha advertido.

El responsable jurídico ha incidido en declaraciones recogidas por Europa Press en que el Plan perdía sentido con la integración, ya que desaparecerían el Consejo de Dirección y los órganos directivos principales, lo que motivó a acelerar las dotaciones para incrementar las retribuciones.

Es en estos hechos donde UPyD considera que hay indicios de delito, máxime teniendo en cuenta que, según establece la normativa, el Plan nunca puede premiar los malos resultados, como ha remarcado Herzog.

El partido ha manifestado que la imputación del Consejo de Administración —el de 2010 por ser éste el que acordó las últimas modificaciones de l Plan— es un primer paso para avanzar en la depuración de responsabilidades y no descarta solicitar la imputación de otros directivos.

Entre los integrantes del órgano, figuran el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto; el actual senador del PP Javier Santamaría; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, o el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Pedro Palomo.

Pacto de silencio

Luciana Miguel ha reiterado que el caso de Caja Segovia es el "escándalo" más grave de la historia de la provincia y ha recriminado que haya sido necesario el uso de miles de millones de dinero público para sanear la situación financiera de las cajas, "que se está salvando gracias al bolsillo de los ciudadanos mientras que los responsables de la gestión que ha llevado a esta situación han percibido cantidades millonarias".

A su juicio, los integrantes del Consejo deben asumir responsabilidad política y dar explicaciones de por qué se permitió que se percibieran esas cuantías. Además, considera que deben devolverse las retribuciones y que los representantes políticos dimitan y dejen la actividad pública, lo cual hace extensible a todos los responsables ocultos que han incitado "en la sombra" la toma de decisiones que han llevado a la quiebra a la Caja.

Éstos, según ha dicho, no son otros que los integrantes de las cúpulas del PP y el PSOE en Segovia. "Había un pacto de silencio, y se ha demostrado porque nadie se ha pronunciado al respecto y además han alegado secreto profesional", ha espetado la portavoz, quien ha criticado el "daño consentido" que se ha hecho al ciudadano por esta situación.