El Ayuntamiento de Argoños ha sacado a información pública la aprobación inicial del estudio de detalle de las cuatro viviendas unifamiliares del Camino del Portillo, las primeras con sentencia de derribo que podrían ser legalizadas en Cantabria.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes la realización de este trámite, que constituye uno de los pasos que estaban esperando desde hace "mucho" los afectados por los derribos para legalizar estas viviendas.

Así lo ha reconocido a Europa Press, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, quien ha recordado que estas cuatro viviendas —números 84, 85, 86 y 87 del Camino del Portillo— son, de todas aquellas con sentencia de derribo en Cantabria, las que lo tienen "más fácil" para poder ser legalizadas.

Según se explica en el BOC, consultado por esta agencia, el estudio de detalle fue aprobado inicialmente por Alcaldía del Ayuntamiento de Argoños el pasado 2 de agosto, con lo que ahora se abre desde este sábado un periodo de exposición pública que durará veinte días.

El expediente se exhibirá durante este tiempo en las dependencias municipales para su consulta y para la presentación de alegaciones al mismo.

Sin embargo, Vilela cree que, "si el Ayuntamiento ha hecho bien las cosas", "lo normal" es que no haya alegaciones.

Desde el Ayuntamiento de Argoños, ha explicado que, tras este periodo, se seguirá el trámite "normal" en estos casos, que continuará con la contestación de las alegaciones, si las hay; su aprobación o denegación y su aprobación definitiva, un proceso que espera esté concluido en "un par de meses".

Fuentes del Consistorio, han explicado que en la sentencia de derribo de estas cuatro viviendas, ubicadas en una misma parcela junto a otras 8 y con una referencia catastral única, se apuntaba a la carencia de un estudio de detalle, por lo que el Ayuntamiento ha optado por realizarlo para dar "más claridad" al proceso.

El presidente de AMA, asociación que aglutina a los afectados por los derribos, confía en que, "aproximadamente" en diciembre concluya el "periplo" por la Administración local y se lleve a cabo la presentación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), de un "incidente de ejecución" para poder legalizarlas.