Centenares de trabajadores de la mina de Marikana, que el pasado 16 de agosto recibieron una violenta carga policial, han sido acusados este viernes por el asesinato de 34 compañeros que murieron víctimas de los disparos de la policía durante los disturbios.

La Fiscalía sudafricana ha presentado este viernes cargos de asesinato contra 270 mineros detenidos por su participación en las protestas que desencadenaron en la masacre, en virtud de una ley del régimen racista del 'Apartheid'.

Un portavoz de la Fiscalía, Frank Lesenyego, confirmó que los cargos fueron presentados ante el tribunal de Ga-Rankuwa, a las afueras de Pretoria, en relación con la matanza ocurrida el pasado día 16 en la mina -a unos 100 kilómetros de Johannesburgo- a raíz de una huelga de los mineros para exigir mejoras salariales.

"Los 270 mineros han sido acusados de asesinato porque provocaron un asalto a las fuerzas de seguridad, a sabiendas de que podría haber muertos", afirmó Lesenyego.

La Fiscalía ya había adelantado el jueves que los detenidos podían afrontar cargos de asesinato en virtud de una ley sudafricana que establece que quienes contribuyan a episodios violentos contra la Policía pueden ser responsabilizados de los daños y pérdidas de vidas resultantes de estos actos.

La ley data de la época de 1959, cuando imperaba el "apartheid", el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca en Sudáfrica hasta 1994.

Los 270 mineros seguirán una semana más bajo custodia policial, después de que el juez instructor del caso, Esau Bodigelo, aceptara la solicitud de la Fiscalía de aplazar la vista para la concesión de su libertad bajo fianza, solicitada por la defensa, hasta el próximo jueves.

La acusación argumentó que necesita de más tiempo para comprobar la autenticidad de los domicilios de los acusados, en caso de que sean puestos en libertad y la Policía necesite localizarlos de nuevo.

Los abogados de los 270 detenidos reclamaron la puesta en libertad inmediata de los mineros, y argumentaron que algunos de ellos padecen sida y tuberculosis y no han recibido su tratamiento desde hace dos semanas.

Julius Malema, expresidente de las Juventudes del gubernamental Congreso Nacional Africano (CNA), ha calificado la acusación presentada por la Fiscalía de "locura", y aseguró que son los policías que dispararon contra los mineros quienes debían ser encausados.

"Los policías que mataron a estas personas no están detenidos, ni uno solo de ellos. Es un sinsentido", afirmó Malema a la salida de los juzgados.

Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la Policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas, que iban armados con machetes, palos y armas de fuego.

Otros 11 mineros que resultaron heridos durante los disturbios fueron arrestados tras recibir el alta del hospital.

Los mineros se encuentran en huelga desde el 10 de agosto en la mina de platino de la empresa Lonmin, en Marikana.

Un total de 44 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas en esa explotación, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, y seis mineros en los primeros compases de la huelga, antes de la mascare del 16 de agosto.

La Fiscalía sudafricana confirma que nadie ha sido acusado de momento por estas diez muertes.