El Gobierno de Cantabria va a priorizar las obras públicas que se puedan cofinanciar con otros fondos, como los europeos, y en ámbitos como el hidráulico, con obras de saneamiento, abastecimiento de agua, construcción de depuradoras o estaciones de tratamiento de agua potable.

En este área, y en algunas actuaciones concretas, el Ejecutivo puede obtener hasta un 80% de financiación de la Unión Europea. En cuanto a los recursos disponibles de la Administración regional se destinarán a la construcción de centros sanitarios y educativos "antes" que a la reparación de carreteras.

Así lo ha dicho el presidente autonómico, Ignacio Diego, al término de una reunión con un grupo de constructores cántabros a los que, acompañado de la consejera de Economía, Cristina Mazas, ha trasladado la situación económica "real" de la Comunidad.

Por su parte, el presidente de los constructores, Justo Cobo, ha admitido que la coyuntura es "muy complicada", hasta el punto que no ven "otra solución" que "EREs y despidos".

Tras la reunión, que ambas partes han calificado de "larga", "cordial" y "provechosa", Diego ha explicado que desde el Gobierno han trasladado a los representantes del sector —que atraviesa por una situación "delicada"— la coyuntura de Cantabria, al igual que hicieron cuando comenzó la legislatura.

Después de analizar los recursos disponibles del Gobierno regional, ha abordado posibles fórmulas de financiación para lograr actividad para el sector, y han hecho, "con cautela", previsiones a corto y medio largo, para 2012 y 2013, respectivamente,

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha detallado que se priorizarán las obras que se puedan cofinanciar con fondos de la UE, en materia de saneamiento, abastecimiento de agua, depuradoras y estaciones de tratamiento de agua potable, como corresponde a regiones que se encuentran dentro del Objetivo II.

También se priorizará, "antes" que la reparación de carreteras, la construcción de centros escolares y sanitarios, con los recursos del Gobierno regional, ha recalcado Ignacio Diego.

Ha recordado también que el pasado mes de abril se aprobó por ley el techo de gasto y endeudamiento para todas las comunidades autónomas, de modo que no se puede, como "en tiempos del cuplé, hacer trampas al solitario" y "cargar" la financiación "al siguiente" Gobierno, ha criticado, en alusión a la gestión del bipartito PRC-PSOE.

Así, las obras se deben financiar con los presupuestos del ejercicio en curso, aunque como ha recordado puede haber un "mínimo margen", hasta el 13% del PIB, pero "no más allá", ha puntualizado Diego.

Diego también ha indicado que las previsiones abordadas con los constructores son de cara a este año y el próximo, ya que "más allá" de 2013 es "hablar de ciencia ficción" porque, dada la coyuntura actual, es "impredecible" lo que pueda pasar en el futuro.

Finalmente, ha admitido que los representantes del sector no han salido de la reunión "felices y contentos", pero sí "convencidos" de que su Gobierno está haciendo "más de lo que se le puede exigir".

Consejero obras públicas

Preguntado por la ausencia del consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, en la reunión, Diego ha respondido que "tampoco se ha invitado" al de Medio Ambiente, Educación o Sanidad que son, precisamente, las áreas en las que se van a priorizar las obras.

Además, ha indicado que Rodríguez tendrá la "difícil tarea" de administrar los recursos disponibles en el presupuesto regional para pagar los 161 millones que se adeudan a empresas del sector, así como los cerca de 15 millones que se deben a unas 5.000 familias, que están "esperando" desde el año 2002 el pago de sus propiedades expropiadas.

Eres y despidos

Por su parte, el presidente de los constructores ha valorado sobre la reunión que "por lo menos" se han "enterado" de la situación económica y de los "problemas" de la región.

Ha señalado al respecto que teniendo en cuenta esta coyuntura y el objetivo de déficit (fijado por el Estado en el 1,5% del PIB) las previsiones son "malas", por lo que Cobo ha vaticinado un aumento del paro y los expedientes regulación de empleo.

Así, la salida es "muy complicada" y el sector "responderá con EREs y despidos" que se sucederán de forma gradual, ha comentado. "No hay otra solución", ha apostillado.

Con todo ello, ha dicho que los constructores no son "optimistas" y ha recordado que desde el inicio de la crisis se han perdido unos 23.000 puestos en la región, ya que se ha pasado de 40.000 a 17.000 empleados.

Finalmente, ha indicado que en los próximos meses, a partir de septiembre, se volverán a reunir con el Gobierno para abordar la evolución de la situación y perspectivas del sector una vez estén los avances de los presupuestos regionales y estatales.