El presidente de la Comisión de Estudios de Economía de Foro, Inaciu Iglesias, ha asegurado este miércoles que "la falta de acuerdo entre los ministros de Hacienda e Industria, Cristobal Montoro y José Manuel Soria, en la reforma de la tarifa eléctrica está poniendo en peligro la continuidad de la gran industria asturiana".

Iglesias ha recordado que "Arcelor, Alcoa o Asturiana de Zinc pagan la energía casi un 50 por ciento más cara aquí que, por ejemplo, en Francia", y asegura que "España ocupa actualmente el tercer puesto en el ranking europeo de mayor coste, solo por detrás de Chipre e Irlanda". "Para estas grandes compañías el porcentaje que supone el coste de la electricidad puede representar el 40 por ciento del total de los costes de la planta", asegura.

Iglesias considera que "con estas cifras no es de extrañar que Alcoa amenace con abandonar Asturias antes de fin de año, si no se soluciona el problema de la tarifa eléctrica; sin embargo -a pesar de haber una fecha tope, diciembre de 2012- el panorama sigue sin aclararse".

"En medio de esta polémica están las grandes compañías asturianas y su continuidad", asegura Iglesias, que cree que "hay una cuestión esencial: hablamos de casos muy contados en los que se aplica la tarifa G-4. Son cuatro plantas en España de las que tres están radicadas en Asturias: Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor-Mittal. Y aquí está otra de las claves de este asunto: algo que tiene una extraordinaria importancia para la sociedad asturiana parece no despertar el mismo interés ni la misma urgencia en el ejecutivo español".

"En cualquier caso", continúa Iglesias, "no hay que perder de vista que éste es un problema mucho más político que técnico. Es una cuestión de equilibrio de fuerzas en la que los asturianos no podemos limitarnos a jugar el papel de espectadores asustados. Por un lado están las grandes compañías eléctricas y, por el otro, sus clientes: los particulares y las industrias consumidoras".

Iglesias concluye señalando que "los próximos meses van a ser decisivos a la hora de calibrar el nivel de compromiso del ejecutivo popular respecto a la competitividad de nuestras industrias y la capacidad de influencia del gobierno asturiano en la defensa de nuestros intereses".