La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha reclamado este lunes a la industria del sector del azúcar y, especialmente, a la empresa AB Azucarera el pago de un complemento económico a los productores de remolacha ante el elevado precio que ha alcanzado el producto final en los mercados europeos y después de que la Administración regional haya decidido retirar las ayudas de tres euros por tonelada establecidas en la fase de transición de la OCM.

Clemente ha presidido este lunes la reunión de la Comisión Sectorial para el cultivo de la Remolacha en la que ha subrayado la justificación para la retirada de las ayudas de la Junta y en la que ha vuelto a exigir a las empresas azucareras de la región un compromiso con los productores al igual que se realiza en otros países europeos.

La consejera se ha referido especialmente a la compañía AB Azucarera, pues ha reconocido que la cooperativa ACOR "paga mejor", con el establecimiento de retornos a sus asociados. Sin embargo, la primera de ellas debe, a juicio de Clemente, añadir un complemento a los productores para que "perciban realmente el aumento de los precios del azúcar en el mercado" y puedan cubrir los costes de producción con el fin de que se mantenga el cultivo.

De hecho, la representante del Gobierno de Castilla y León ha destacado que en los dos últimos años los precios del azúcar han incrementado hasta alcanzar los 710 euros por tonelada, cuando las instituciones europeas fijan un precio de referencia muy inferior, con 404 euros. "Por este motivo, la Consejería considera superada la fase de transición tras la reforma de la OCM", ha señalado.

Ésta ha sido una de las justificaciones defendidas en los últimos meses por la consejera para explicar la decisión de eliminar la ayuda de tres euros por tonelada a la producción establecida durante dicha fase transitoria. Además, ha aseverado que actualmente Castilla y León produce "la remolacha que necesitan las fábricas".

Con los precios actuales del producto final en los mercados, Clemente ha incidido en que se trata de un negocio "rentable", por lo que ha llegado el momento de que "el gasto público se deje de dedicar a ello" y sean las industrias las que "den un paso al frente", como sucede en "todos los países" que estimulan los estímulos económicos para la producción de remolacha.

Así, Silvia Clemente ha expuesto unos datos que muestran las cantidades que aportan las industrias de Holanda (30,23 euros por tonelada), Italia (14 euros), Alemania (4,58 euros), Reino Unido (8,67 euros), Francia (4,5 euros) y Bélgica (8,33 euros).

La consejera ha reconocido que los costes de producción en otros países europeos son "infinitamente más pequeños" que en Castilla y León, por la necesidad de regadío en la mayoría de los casos, pero también ha recordado que este sistema compensa el coste con una mayor producción "fruto del trabajo continuado y de la apuesta de la Junta por los regadíos".

En definitiva, ha solicitado a Azucarera que se comprometa a introducir una prima a la producción "igual" que se lo plantea la industria quesera para comprar leche de oveja o las empresas de productos lácteos de vacuno.

Decisión "fundamentada"

Clemente ha reiterado, ante la posibilidad de que agricultores representados por UPA y COAG denuncien a la Junta por la retirada de sus ayudas, que esta decisión está "fundamentada desde el punto de vista jurídico" por la necesidad de la Administración regional de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de no superar los límites de déficit.

En este sentido, la consejera ha expuesto también una recopilación de los acontecimientos sucedidos en torno al cultivo de remolacha desde la reforma de la OCM del azúcar de 2006, que según su opinión supuso un perjuicio a los agricultores por la "nefasta negociación" llevada por el entonces socialista Ministerio de Agricultura.

Así, ha recordado que en 2008 se suscribió el acuerdo con Ebro —ahora adquirida por British Sugar y denominada AB Azucarera— y Acor para alcanzar el 50 por ciento de la reducción de cuota de producción para poder acceder a las ayudas económicas dirigidas a las empresas y garantizar el cultivo de remolacha. Ésto permitió la llegada de 18,5 millones de euros durante seis campañas, sin los cuales no se habría mantenido la producción.

El acuerdo también incluía el compromiso de establecer un marco estable de importes a percibir por los agricultores, y el desarrollo de planes de competitividad.