El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Serna, ha indicado este martes que su departamento analizará las consecuencias de la libre competencia en la contratación del servicio de transporte escolar, e intentará proteger a los trabajadores de la región dentro del marco legal, esto es, en la medida en que la ley "nos lo permita".

Así lo ha dicho a preguntas de los periodistas sobre la resolución del contrato convocado por la Consejería, después de realizar una visita a las obras del colegio público Palacio en Noja.

Serna, que ha mantenido una reunión con representantes del sector que ha tachado de "tremendamente grata", ha explicado que en el proceso de contratación su departamento "no tiene otra posibilidad" que "ajustarse" a la ley de contratos del Estado, norma que fomenta la competencia que "no se había dado en el sector del transporte hasta hoy".

En este sentido, ha puntualizado que dicha competencia no se ha dado por las decisiones del Gobierno de Cantabria de cambiar los pliegos de condiciones del contrato —que habían sido modificados por el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, según ha recordado— sino por el hecho de que empresas de ámbitos cercanos, como Asturias, hayan decidido competir en Cantabria, al igual que otras empresas han decido concurrir en el Principado, ha apostillado.

El consejero de Educación ha señalado que tanto los representantes del sector cántabro como los miembros de la Consejería están "preocupados" por los puestos de trabajo de la región, por lo que desde este departamento les han asegurado que analizarán las consecuencias de la libre competencia e intentarán proteger a los empleados de la Comunidad Autónoma. Además, les han transmitido la "voluntad" de que, de cara al futuro, "se analicen las cosas con detenimiento".

Las declaraciones del consejero se producen después de que el sindicato SCAT alertara este lunes del "conflicto social y económico" que puede suponer la resolución del contrato de transporte escolar convocado por Educación y las "graves consecuencias" que puede acarrear si se adjudica este servicio a empresas de fuera de Cantabria.