La diputada del PRC María Teresa Noceda pedirá explicaciones al consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, en el Parlamento para clarificar las consecuencias de su decisión de mantener el concierto a los colegios Torrevelo y Peñalabra, propiedad del OPUS-DEI, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que respalda el acuerdo que adoptó en 2009 el anterior Ejecutivo regional para retirárselo, por discriminar la escolarización conjunta de niños y niñas.

Noceda advierte de "posibles delitos de prevaricación y malversación" en este asunto, y cree que el consejero del PP ha basado su decisión en "argucias y engaños, cuya legalidad es como mínimo discutible y que en el actual momento de crisis y de recortes permanentes en la educación y en el resto de los servicios públicos constituyen un auténtico atropello para la mayoría de los ciudadanos".

En este sentido y tras conocer este mismo lunes la decisión de la Consejería de "suprimir" las ayudas a la compra de libros de texto que percibían "miles de familias cántabras con todo el derecho" —el presupuesto se reduce de cuatro millones de euros a uno—, ha considerado "un escándalo" que Serna defienda este concierto, "en el que ha invertido solo este año 500.000 euros, y que a partir de 2013 supondrá más de un millón de euros anuales con cargo a las arcas públicas", asegura la diputada del PRC en un comunicado.

"Estamos en manos de un Gobierno antisocial y entregado a los poderosos, que no duda en hacer pagar todos los efectos de la crisis en las familias con menos recursos, mientras prima a quienes no tienen ninguna dificultad para costear la educación privada y elitista que deciden dar a sus hijos", ha agregado.

"artimaña legal"

La parlamentaria regionalista ha rechazado por ello la "artimaña" que a su juicio supone la unión administrativa en un único centro del Torrevelo y el Peñalabra, en los que se escolariza de forma separada a niños y niñas, "para esquivar la prohibición legal de destinar fondos públicos a los colegios que discriminan el acceso de los alumnos por razones de sexo".

"En la práctica, la discriminación que ha motivado la sentencia del Tribunal Supremo a favor de la retirada del concierto continúa existiendo, por más que al unir los dos colegios Serna haya inventado un resquicio legal para invertir fondos públicos en una institución privada", ha explicado.

Para Noceda, esta situación constituye "un fraude" e incluso "un posible delito", porque "todos los indicios apuntan a que el consejero ha podido tomar a sabiendas una decisión injusta y que implica el uso de fondos públicos". En consecuencia, ha opinado, "no es descartable hablar de una posible prevaricación, e incluso de malversación".

Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Cantabria que "en pleno frenesí de recortes" en el sistema educativo público decida actuar "en contra de una sentencia judicial firme", en apoyo de los colegios del OPUS.

"Esto no es austeridad, ni una medida imprescindible para asegurar el futuro de la educación en la Comunidad Autónoma", ha recalcado la diputada del PRC, para quien resulta "inexplicable" una decisión de estas características cuando la "tónica" en los centros públicos es la reducción del profesorado, el aumento del número de alumnos por aula, el impago y ahora la reducción del cheque-libro, la falta de medios para afrontar gastos corrientes y la supresión de becas.

Preocupación por otros concertados

Además, ha expresado su preocupación por los problemas que sufren algunos centros concertados "sin la suerte del Torrevelo y el Peñalabra", enfrentados a "la amenaza de reducción de plazas y dificultades similares a las de los colegios públicos".

Finalmente, ha abogado por mantener el equilibrio que hasta ahora había existido en Cantabria entre la enseñanza pública y la privada-concertada, ha rechazado el incremento de ratio y la reducción del número de profesores y ha exigido al Gobierno que garantice las plantillas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales y que ponga a disposición de los colegios los fondos necesarios para hacer frente a los gastos corrientes de funcionamiento.

Noceda ha concluido con un llamamiento al presidente, Ignacio Diego, y al propio Miguel Ángel Serna: "si el Gobierno de Cantabria puede comprometer medio millón de euros este año y más de 1,1 el que viene para recuperar un concierto cuestionado por la justicia, no puede ni debe abandonar a su suerte al resto de los centros públicos y privados concertados y mucho menos a las familias que no podrán costear este año los libros de texto que necesitan sus hijos".