Las residencias pronostican que antes de final de año se producirán cierres de sus centros como consecuencia de la bajada de los precios concertados por la atención a dependientes que se les acaba de comunicar desde el Gobierno de Cantabria.

Es un asunto que abordará el próximo día 20 la Federación de Empresas de Asistencia a la Dependencia de Cantabria, según explicaron desde este colectivo a Europa Press.

La Ley de Dependencia estructura la asistencia en función del estado del usuario, con tres grados, de menos a más, cada uno de ellos con dos niveles, que han quedado eliminados.

Una de las consecuencias de la desaparición de los niveles ha sido los cambios en los importes que percibían las residencias concertadas.

Lo que sucede es que también había diferenciación en las cantidad de los grados en que se subdividían, mayor según aumentaba la gravedad, y al desaparecer, se supone un descenso en el dinero que recibía, cifrado en un 17,13% ó 15,82%, según los casos y una media del 9,5%.

El efecto que tiene esta medida, según explican desde la asociación a Europa Press, es un descenso en la facturación cuando los beneficios, en un sector en el que son fijos y constantes, se mantienen en el 10%, con lo cual se producen pérdidas.

A este problema suman en el colectivo el aumento del IVA que en las residencias varía en función de quien remita al usuario del centro, de modo que oscila entre el 4% del Gobierno o el 10% a que ha subido en la privada.

Viabilidad de los centros

Las empresas recuerdan que cuando se habló desde el Gobierno de la reducción en los precios públicos de las estancias concertadas, se les aseguró que esta medida se implantaría de forma que no pusiera en riesgo la viabilidad de los centros.

La asociación hace hincapié en que durante este período se han aportado estudios económicos y opciones sobre modificaciones de la normativa, con el fin de que las medidas "se correspondieran con las condiciones reales de los centros".

Las residencias lamentan que las conversaciones estén yendo lentas y advierten de que el hecho de que la reducción de precios no sea uniforme en cuanto a grados de dependencia provoca una "imputación mayor" a las plazas de usuarios con dependencia severa.

Y denuncian que "los nuevos precios inciden directamente en la sostenibilidad económica de los centros", ya que "aquellos que cuenten con menos de 100 plazas entrarán irremisiblemente en pérdidas", mientras que los que tengan más de 100 plazas verán reducido su margen de maniobra para hacer frente al desarrollo económico de la actividad".

En este punto, recuerdan que el 71% de los centros de Cantabria tienen una capacidad inferior a las 100 plazas, lo que supone "un volumen muy alto de centros que van a encontrarse en unas circunstancias de gran dificultad".

Las residencias recuerdan que en total el sector concentra 3.000 puestos de trabajo, de los que en torno a mil se corresponden con los de esta asociación.