Cáritas Mallorca cree que el pago de 710 euros anuales a los inmigrantes ilegales para tener acceso a la sanidad pública, "se trata del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura diferente según el grupo de población al que se pertenece".

En este sentido, ha recalcado que creen que "se están poniendo las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables".

"Llama la atención" que esta decisión "esté tomada sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad", ha aseverado la entidad en un comunicado.

Además, ha destacado que tampoco se tenga en cuenta "su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo", que a su juicio, "desprotege aún más a las personas más vulnerables".

"añadirá un sufrimiento muy severo a un colectivo vulnerable"

Así, desde la entidad han asegurado que la exclusión del sistema sanitario de las personas inmigrantes en situación irregular "añadirá un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia".

Para Cáritas, el incremento de la irregularidad "sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones" hace que el colectivo de personas en esta situación "crezca cada día".

Al respecto, ha aseverado que "en lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos".

Por ello, estas medidas hacen que "las personas inmigrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades sean las responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerar que son las primeras y principales víctimas del mismo".