La vicesecretaria general del PSOE, Beatriz Arráiz, y el secretario de Economía y Empleo, Vicente Urquía, han reclamado esta mañana la dimisión del actual consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, y de la exconsejera de Política Territorial y actual presidenta de 'AquaEbro', Aránzazu Vallejo, por las responsabilidades políticas, una vez conocidas las sentencias del Tribunal Supremo sobre la 'Ecociudad'.

En comparecencia de prensa, los dirigente socialistas han señalado que esto no es un asunto "baladí", ya que "es de tal la gravedad lo que dicen las tres sentencias que indican claramente que estas dos personas han vulnerado la Ley de Base Régimen Local, la LOTUR, el Plan General de Ordenación Urbano de Logroño, y la Ley de Contratos" y todo ello "hecho con mala fe"

Arráiz ha señalado que una vez conocidos los fallos se "deben asumir las responsabilidades políticas" en el Gobierno riojano, por "no haber sido coherentes, con los principios que vienen recogidos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno".

La vicesecretaria general socialista ha recordado que en las sentencias "se afirman cosas tan importantes como que la clasificación del Monte El Corvo como suelo no urbanizable de especial protección es una decisión reglada, que está impuesta legalmente cuando concurren determinadas circunstancias que vienen señaladas en la Ley del Suelo".

Además, ha apuntado que la propia Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) "prohíbe los usos incompatibles con los objetivos de protección de suelo no urbanizable". Por ello, las decisiones del Gobierno riojano "atentaban contra la propia autonomía municipal, así como que el convenio con las empresas se vulneró la Ley de Contratos.

"sin cargos públicos"

Por su parte, Urquía ha afirmado que tanto Vallejo como Burgos "decidieron hacer una OPA hostil al Ayuntamiento de Logroño, de forma premeditada", y por tanto, la "cosa no debe quedarse aquí, deben dimitir y estar un tiempo sin cargos públicos".

El secretario económico del PSOE además ha resaltado que a Vallejo "la han premiado con un cargo en una empresa pública de la CHE, es decir que a quien infringe la ley se le premia con la presidencia de AquaEbro".

"La política -ha añadido Urquía- es algo serio", al tiempo que se ha preguntado por los intereses "ocultos" que tenía el Gobierno para "sin concurrencia, ni publicación" adjudicar el proyecto a LMB y a Progea.