El PP defenderá en un pleno del próximo periodo de sesiones -que comenzará en septiembre- una Proposición No de Ley para que el Parlament inste al Govern a que introduzca el criterio general del 'silencio positivo' en la resolución de la mayor parte de los trámites administrativos.

Según ha explicado el parlamentario 'popular' Óscar Fidalgo, acompañado por la portavoz adjunta del grupo, Marga Prohens, el Ejecutivo balear debe crear una disposición con la que se pueda conocer en cada Conselleria el procedimiento en cuestión, así como el plazo máximo de resolución y los efectos del silencio positivo.

Fidalgo ha opinado que, si hay normativas "claras", la sociedad y la economía podrán funcionar mejor, por lo que ha defendido la necesidad de introducir mecanismos que agilicen y aporten una mayor seguridad jurídica.

El 'popular', quien ha manifestado que esta PNL sobre la reducción de plazos responde a las promesas electorales de su partido, ha señalado que el uso generalizado de este silencio positivo servirá para "girar la tortilla" y que "sea la administración la que cumpla con el objetivo de dar una resolución motivada".

Por su parte, Prohens ha explicado otras dos PNL que ha presentado su partido relacionadas con los autónomos. La primera de ellas, que se debatirá en un pleno, tiene como objetivo instar al Gobierno a que se implanten medidas de apoyo a las personas que compatibilicen el trabajo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad económica o profesional por cuenta propia.

En este sentido, la portavoz adjunta ha remarcado que Baleares es, junto a Andalucía, la comunidad en la que más se ha aumentado número de autónomos durante el primer trimestre del año, por lo que estos profesionales se merecen que la administración desarrolle una legislación que les sirva de ayuda y responda a sus necesidades.

Lucha contra la economía sumergida

Por otro lado, el PP defenderá en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos una proposición para instar al Govern a que potencie la lucha contra la economía sumergida en las islas, así como al Ejecutivo central a promover medidas que impulsen a personas que ejerzan su actividad al margen de la legalidad a darse de alta en la Seguridad Social.

"Es de justicia que se reconozca el derecho de las personas que cotizan a la Seguridad Social frente a las que ven en la picaresca un motivo de enriquecimiento personal", ha manifestado Prohens.