El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía contra la directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, Isabel Mayo, por un posible delito de defraudación a la Seguridad Social, regulado en el Código Penal, y de prevaricación, también presente en el Código Penal, por la bajada de la base de cotización de los empleados públicos de la Junta.

Ello ha motivado que el sindicato también haya dirigido esta misma denuncia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que "adopte las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de los funcionarios públicos pertenecientes a la Junta de Andalucía".

Fuentes del Safja han indicado a Europa Press que la razón de esta nueva batalla judicial se encuentra en que, en el marco del Decreto Ley 1/2012 de medidas para el reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública publica unas instrucciones que conllevan una modificación de la base de cotización de los funcionarios.

A este respecto, el Safja denuncia que dicha modificación "conculca claramente la normativa vigente y supone un gravísimo atentado contra los derechos adquiridos de los funcionarios públicos afectados".

Asimismo, las fuentes sindicales dejan claro que el Gobierno central "no ha bajado las bases de cotización de sus funcionarios, mientras que en Andalucía lo ha bajado la Junta". "Dicen que viene impuesta por el Gobierno, pero el Ejecutivo central mantiene las bases", aseveran las fuentes.

Han recordado el Decreto 2/2010, norma que aplicaba el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, que reducía los importes de todos los conceptos de la nómina que venían percibiendo los funcionarios públicos.

En este sentido, y en lo que a la base de cotización al régimen de la Seguridad Social se refiere, el Real Decreto-Ley 8/2010, la Orden ESS/184/2012, la Ley 2/2012 y el Real Decreto-Ley 20/2012 se manifiestan en la misma línea y establecen que "durante el año 2012, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hubiera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, en tanto permanezca su relación laboral o de servicios, será coincidente con la habida en el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la que se efectuará la cotización mensual".

Por tanto, conforme a la legislación mencionada e incluso al criterio del Tribunal Supremo "es evidente que si bien la distribución de los importes de los distintos conceptos retributivos es algo que queda bajo la potestad del poder legislativo, el montante global de dichas retribuciones constituye un derecho consolidado para cada funcionario".

Para Safja, la Junta de Andalucía "actúa al margen de la legalidad y, de forma directa, transforma el bruto percibido en nómina, sin más, en la base de cotización", de forma que las consecuencias de tal operación "son fatídicas, por ejemplo cara a la jubilación, acentuándose más el daño en aquellos funcionarios públicos que se encuentren próximos a la misma".

Trampa saducea

El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia, por tanto, esta nueva "trampa saducea" donde la Administración logra un importante ahorro en cotizaciones a la Seguridad Social, a costa de los derechos adquiridos y consolidados de los funcionarios públicos.

Esta situación podría suponer una infracción muy grave de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, y un posible fraude a la Seguridad Social.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado a la Fiscalía que dirima las responsabilidades de la Administración denunciada y, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que realice las diligencias necesarias, en orden al esclarecimiento de los hechos y a la adopción de las medidas oportunas.

Altos cargos provinciales

Asimismo, Safja se ha pronunciado ante las declaraciones de la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, quien, preguntada este viernes por los 56 cargos nombrados "a dedo" que, según denunció el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), ha creado la Junta de Andalucía, la consejera ha negado estas contrataciones eventuales y ha achacado esta afirmación del sindicato a una "falta de información" del mismo.

En ese sentido, Safja asegura que esos 56 cargos "van a entrar cuando se produzca la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT)", de forma que "en el decreto viene recogida esa figura, que se va a nombrar y se van a colocar en esa nueva RPT, el decreto contempla que se creen esas 56 figuras".

"Safja no tiene ni falta de información ni está mintiendo", han agregado las fuentes del sindicato, quienes piden a Susana Díaz que "nos diga cuantos eventuales hay en la Junta de Andalucía, en que consejerías y en qué condiciones, pues los eventuales son empleados públicos"

"Si presume de transparencia, pedimos a la Junta que nos envíe esa información sobre laborales y funcionarios", agregan las fuentes.