La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha condenado a la empresa pública Tragsa (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) por cesión ilegal de trabajadores al organismo autónomo Parque Nacional de Picos de Europa.

Se estima así el recurso de cinco empleados de Tragsa que trabajaban en la parte cántabra de Picos de Europa contra una sentencia que desestimaba sus peticiones.

Según explicaban, los trabajadores eran personal laboral, indefinido y a tiempo completo, en esta empresa pública, en funciones como el servicio de vigilancia, la dotación de medios o el apoyo a las labores de conservación y uso público, entre 1998 y 2007.

Una de las empleadas inició el proceso judicial cuando, al quedar vacante una plaza, se convocaron exámenes por parte de Tragsa, pero la sociedad estatal, se decidió no contratarla a ella, en una decisión que en su momento revocaron los tribunales, que ordenaron su contratación.

Todos los empleados formaban parte de la plantilla adscrita a la parte cántabra del Parque, y estaban a las órdenes, en lo relacionado con la organización, de una persona que era funcionaria de Medio Ambiente y responsable del área de Conservación del Parque, si bien lo correspondiente a permisos, vacaciones, etc.... dependía de una técnica de Tragsa, que era su jefa directa.

De Tragsa dependía también el control de asistencia, la formación, la dotación de material...., mientras que los trabajos puntuales que les encomendaba la responsable del Parque se hacían con material proporcionado por el organismo autónomo Parques Nacionales.

La oficina donde trabajaban fue dotada por Tragsa, pero el espacio había sido cedido por Parques Nacionales. Tragsa se encargaba de estas funciones debido a una encomienda de gestión del organismo autónomo Picos de Europa.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) había desestimado la demanda de los trabajadores en una sentencia contra la que estos elevaron recurso ante el Supremo.

En él, plantearon que se estaba cometiendo una infracción del Estatuto de los Trabajadores y que se había producido una cesión ilegal de trabajadores de Tragsa hacia Parques Nacionales.

El Supremo constata en su sentencia que las funciones que desempeñaban "en nada se diferenciaban" de las del personal de Parques Nacionales, con quienes constituían "una única unidad productiva", y recuerda que las órdenes y el seguimiento diario lo hacían desde Parques Nacionales.

Por tanto, considera que lo que se produjo fue una contratación fraudulenta y una cesión ilegal de la plantilla, de modo que condena a Parques Nacionales a reconocerles la condición de trabajadores indefinidos de su plantilla, desde el año 1998.