La Fiscalía de Sevilla ha solicitado condenas de hasta nueve años de prisión para los seis hombres acusados de hacerse pasar por fiscales, secretarios o peritos judiciales para llevar a cabo distintas estafas relacionadas con la venta de pisos embargados, estafa dentro de la cual lograron defraudar 1.579.940 euros entre 2009 y 2012 en un total de 17 operaciones distintas, resultando afectado incluso un exdiputado del PSOE.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público dice que, entre 2009 y 2012, los acusados Pedro G.C. y Manuel L.A. —ambos encarcelados por estos hechos—, "puestos de común acuerdo, idearon un procedimiento para enriquecerse con dinero ajeno, consistiendo ello en que el primero se hiciera pasar por perito judicial frente a terceros, manifestándoles la facilidad que ello le reportaba para poder acceder a inmuebles o vehículos que iban a salir a subasta procedentes de embargo".

Así, prosigue la fiscal, "para adquirirlo debían entregarle el dinero en efectivo y a cambio recibían un documento, elaborado" por Manuel L.A., "redactado en su formato y apariencia a modo de los documentos judiciales, en los que se recogía el depósito del dinero entregado en el Juzgado para participar en esa subasta y posterior adjudicación del bien en cuestión".

En esos documentos "se simulaba la firma del supuesto secretario judicial y se estampaba el sello del Juzgado, llegándose a utilizar por los acusados el sello original" del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, mientras que en otros documentos "se estampaba el sello del Juzgado de Primera Instancia número 1, si bien en este caso no se ha determinado que fuera el original de dicho Juzgado, por lo que pudo ser confeccionado por los acusados para este fin".

Según la fiscal, los documentos elaborados por los imputados "fueron diversos y el papel desempeñado por cada uno varió en función de la persona con la que trataban", de manera que el acusado Aitor I.A., en prisión y sobrino del mítico boxeador Urtain, "de acuerdo" con los otros dos procesados, "colaboró en algunos de estos hechos con el mismo propósito de enriquecimiento personal, haciéndose pasar por miembro del Ministerio Fiscal y por secretario judicial".

Se hicieron pasar por secretarios judiciales

De esta manera, "hacía creer a los futuros adquirientes que todo era legal y que él se encargaba personalmente de tramitar toda la documentación de los bienes que adquirían en los juzgados, instándoles a comprender la lentitud en el trámite de esos documentos por el retraso habitual de la administración de justicia cuando alguno reclamaba la entrega de esa documentación".

De su lado, el acusado Antonio Jesús C.R., "de acuerdo con el resto de imputados y con el mismo propósito, solía acompañar a Pedro G.C. en sus visitas a los futuros adquirientes, desempeñando funciones diversas", de forma que "les enseñaba los inmuebles, reforzaba los comentarios" de éste último "sobre su facilidad para adquirirlos a buen precio en las subastas, se hacía pasar a veces por secretario judicial, presenciaba la entrega de dinero y documentos e informaba a Pedro de los bienes que iban a salir a subasta en los diferentes juzgados".

Asimismo, el imputado José Antonio M.R. "realizó tareas similares" a las de Antonio Jesús, mientras que Antonio C.R., "con ánimo de ilícito beneficio y de acuerdo con el resto de acusados, intervino sólo en un hecho, haciéndose pasar por propietario de uno de los inmuebles que se vendían".

Utilizaron las dependencias del colegio de abogados

A continuación, la fiscal detalla hasta 17 fraudes, uno de ellos cometido el 6 de mayo de 2011, cuando Pedro G.C. y Aitor I.A. "mantuvieron una entrevista en las oficinas habilitadas para los letrados por el Colegio de Abogados de Sevilla" en la primera planta del edificio Viapol con un exdiputado del PSOE. En esta reunión, Aitor "se hizo pasar por fiscal" y Pedro por "perito tasador", logrando estafarle 103.200 euros por la compra de una supuesta finca en Hinojos (Huelva).

De igual modo, otra persona les dio 200.000 euros para comprar una casa en la aldea almonteña de El Rocío, e incluso, ante las dudas del comprador, le hicieron entrega de un juego de llaves de la puerta trasera de la vivienda y le dijeron "que no se preocupase, que era suya y sólo faltaba ponerla a su nombre", tras lo que "requirieron a un cerrajero para que cambiase todas las cerraduras de la vivienda".

Este mismo afectado le dijo a uno de los acusados "su interés para adquirir un vehículo para su hijo", tras lo que le mostraron fotografías de diversos vehículos, decidiéndose el afectado por un Audi Q5 del año 2009 que valía 13.400 euros, cantidad que entregó a los imputados al día siguiente.

Simularon la venta de una nave industrial

En este caso, los imputados comunicaron al comprador que "el coche que había elegido era muy goloso y había un juez que estaba interesado en el mismo", por lo que le requirieron otros 650 euros como "minuta". En otra ocasión, simularon la venta de una nave industrial en el polígono 'El Pino' de Mairena del Aljarafe, para lo que también utilizaron las oficinas que el Colegio de Abogados tiene en el edificio Viapol, o de un piso en la playa de la Antilla, en Lepe (Huelva).

La Fiscalía imputa a los acusados delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa, y pide para Pedro G.C., Manuel L.A. y Aitor I.A. nueve años de prisión; para Antonio Luis C.R., siete años y medio de cárcel; tres años y medio para José Antonio M.R., y un año de cárcel para Antonio C.M., así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los afectados en las cantidades defraudadas.