El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado este jueves por unanimidad la propuesta del alcalde, Íñigo de la Serna (PP), de suprimir la paga extraordinaria de Navidad a cargos electos con dedicación, puestos directivos y personal eventual municipal. PSOE y PRC han secundado la medida aunque con críticas sobre el Real Decreto 20/2012 del que se deriva la propuesta y que supone "el mayor recorte social" que se ha producido en España, han denunciado.

Para la portavoz socialista, Eugenia Gómez de Diego, se trata de un Real Decreto "injusto con los ciudadanos" y "dañino para el país", mientras que su homólogo regionalista, José María Fuentes Pila, ha dicho que apoya la medida por "solidaridad" y "aceptando lo inaceptable", en alusión a los nuevos recortes establecidos por el Gobierno central.

El alcalde ha respondido que cuando el PSOE gobernaba en España y en Cantabria, en este caso junto al PRC, se negó la crisis y no se tomaron medidas correctoras cuando otros países de la UE, como Alemania, sí lo hacían desde 2003. "Aquí decían que todo iba bien, que teníamos las mejores entidades financieras del mundo, y seguían contratando personal y guardando en el cajón las facturas del gasto farmacéutico mientras los niveles de endeudamiento subían en un 600% y también subían las cargas fiscales", ha replicado a la oposición.

Gómez de Diego ha recordado que el PSOE votó en contra del Real Decreto porque considera que "castiga a los desempleados" y a las clases medias, además de que no contribuye a que España salga de la crisis sino que creará "más recesión y desempleo", por lo que ha instado al alcalde, "si quiere solidarizarse" con la situación, que se dirija a "su Gobierno" en Madrid, al que ha acusado de "imponer recortes, sacrificios y pobreza a cambio de nada".

Mientras, Fuentes Pila ha criticado las medidas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que "más que de ajuste son reformistas" y que "afectan sistemáticamente a los derechos ciudadanos", creando "más desequilibrios y falta de igualdad". Son, ha dicho, "los tontos que pagan las deudas a los listos".

De la Serna ha preguntado a ambos portavoces dónde estaban cuando bajo el gobierno PRC-PSOE se incrementaron los altos cargos y los "asesores de los asesores" un 30% y les subía el sueldo, o cuando se "guardaron en los cajones 600 millones de euros en facturas diciendo que todo iba bien". Sin embargo, ha recordado que el Ayuntamiento, en aquella última legislatura PSOE-PRC, tomó medidas y lleva cuatro años sin convocar oferta pública de empleo y con planes de ajuste "mientras en Cantabria y en España se negaba la crisis y se despilfarraba".

Obras en el sardinero y vallas

Por otra parte, el PSOE ha votado en contra de dos obras incluidas en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero, concretamente la instalación de un ascensor en la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena y la rehabilitación interior del edificio 19 de la calle Luis Martínez, que han contado con el visto bueno de PP y PRC.

La concejala socialista, Judith Pérez, ha criticado que un plan "importante" con el de El Sardinero se ha "degradado" en los últimos años en atención a intereses particulares, y en este sentido ha acusado al equipo de Gobierno de ser "demasiado flexible" en su aplicación. Además, ha recordado que las obras que contempla son "excepcionales" y el PP las ha convertido en "algo habitual y general".

El concejal de Urbanismo, César Díaz, ha replicado que "en ningún caso se desvirtúa" el contexto de El Sardinero con estas obras, en las que, según ha apostillado el alcalde, se ha seguido "escrupulosamente" en Plan Especial, y que además son "justificadas", argumento este último esgrimido por Fuentes Pila para apoyar ambas iniciativas.

Otro punto que ha suscitado debate ha sido la imposición de sanciones a dos empresas, Avenir Decaux SL y Espacio de Publicidad Exterior SA, por colocación de vallas publicitarias sin tener licencia.

El concejal regionalista, Francisco Sierra, ha denunciado que, tras diez años en los que se han instalado entre 200 y 300 vallas, ahora se sanciona sólo a nueve, "cuando se sabe que todas las vallas son ilegales", y ha dicho que no entiende por qué el Ayuntamiento no ha realizado acciones de cobro en todos esos años, lo que ha ocasionado un "enriquecimiento injusto". En este sentido, ha preguntado al equipo de Gobierno por el caso del particular que ha alquilado terrenos municipales durante diez años cobrando un dinero "que no es suyo sino municipal" y que asciende a 3.000 euros anuales.

El alcalde ha respondido que se ha "cumplido escrupulosamente" el procedimiento administrativo legal y César Díaz ha aclarado que no todos los expedientes de infracciones van a Pleno, sólo los graves, de forma que hay "muchos otros" que ya se han resuelto.

Copago farmacéutico y recaudación

En otro orden, el PP ha rechazado una moción transaccional regionalista a una moción socialista sobre el copago farmacéutico en la que se pedía a la Consejería de Sanidad que utilice las medidas tecnológicas y humanas existentes para dar una solución inmediata a las aportaciones por renta en el copago, dadas las numerosas quejas de usuarios, especialmente pensionistas, que han llegado a los grupos de la oposición.

"Si hay que devolver lo que se cobra ¿por qué se cobra?", se han preguntado, observando que esta medida es "injusta" con las clases más desfavorecidas, sobre todo porque hay quien está pagando "20, 40, 80 euros" que se devolverán "no se sabe cómo". De ahí la petición de "hacer eficiente" el copago evitando el "impacto negativo" sobre los usuarios.

El concejal de Servicios Sociales y portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Gómez, ha dicho que moción era "poco trabajada" y se presentaba "fuera de sitio", además de que sólo existen "quejas residuales, menos de diez al día", por parte de usuarios, lo que, a su juicio, "deja sin argumentos" esta iniciativa.

Finalmente, a preguntas del PSOE, la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, ha informado que el Ayuntamiento ha cobrado este año por la tasa de vehículos 245.000 euros; por denuncias de tráfico, más de 1,3 millones; y por pasos, aceras y vados 602.000 euros.