El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso de revisión presentado por las asociaciones que forman parte de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) contra la no paralización cautelar del acuerdo que permite levantar el Centro Botín y, por tanto, de las obras, que ya han comenzado.

En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo insiste en que, como aseguraba el Gobierno de Cantabria en su recurso contra la adopción de medidas cautelares que paralizasen las obras del Centro Botín, la petición de DEBA "se realizó fuera de plazo".

Además, el TSJC apunta que la Sala "no puede" en este momento procesal a valorar la medida en sí, sino si cabe o no admitirla a trámite.

Además, en el auto se señala que la suspensión de las disposiciones de carácter general directamente impugnadas, como es el caso, según la Sala, del recurso contencioso-administrativo interpuesto por las integrantes de DEB contra la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno de la modificación puntual númerio 9 del Plan Especial de Ordenación Urbana del Sistema General Portuario de Puerto de Santander, "sólo puede solicitarse en el escrito inicial" del mismo y "no en cualquier estado del proceso".

Según sostiene, el objeto de esto es que la suspensión cautelar sea acordada "en el momento más próximo posible a la entrada en vigor de la disposición general cuando todavía puedan ser escasos los actos dictados en su aplicación o los efectos" de ella, algo que las recurrentes no hicieron, según la Sala.

Con estos argumentos, la Sala ha decidido desestimar el recurso de las asociaciones que conforman DEBA y el impone las costas. Además, se indica que contra este auto no cabe recurso ordinario.

Proceso judicial

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto en el que se dio luz verde a la modificación puntual del Sistema General Portuaria que permitió el cambio de usos en el muelle de Albareda, incluyendo el uso cultural como el del Centro Botín, promovido por la Fundación Marcelino Botín.

DEBA ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra ese acuerdo, y, poco después, pidió su suspensión cautelar (en un proceso judicial, una medida cautelar es algo que se pide mientras se resuelve sobre el fondo).

El Gobierno de Cantabria ha reaccionado recurriendo la presentación de esa medida cautelar, al considerarla "extemporánea", es decir, en un momento procesal en el que no correspondía hacerlo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estimó el recurso del Gobierno de Cantabria y desestimó la adopción de medidas cautelares.

Ante esta decisión, las integrantes de DEBA decidieron presentar un recurso de revisión que es el que ahora ha resuelto la Sala, desestimándolo.

En lo que respecta al fondo del proceso, el acuerdo que permite la construcción del edificio diseñado por el arquitecto genovés Renzo Piano, aún no ha sido resuelto.

En la causa, se han personado el Gobierno de Cantabria, el Puerto de Santander, la Fundación Marcelino Botín y el Ayuntamiento de Santander.

Comisión de peticiones

De forma paralela al recurso judicial, representantes de este colectivo formado por varias asociaciones ecologistas y ciudadanas que ha llevado el proyecto a los tribunales han remitido un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria.

La Comisión de Peticiones del Parlamento es el órgano ante el cual los ciudadanos pueden plantear sus iniciativas, quejas y reclamaciones directamente, derecho reconocido en la Constitución española.

En este caso, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda a los parlamentarios cántabros que su "deber" es "velar" por el bien público, y señalan que las "decisiones políticas" y los trámites legados realizados para la ubicación del Centro Botón en el frente marítimo "podrían no ajustarse a la legalidad".

Su petición incide en que en el caso de que los tribunales constatasen el "daño" tanto a las arcas públicas como a la "inmensa belleza" de la Bahía de Santander, la situación sería ya "incorregible".

Los miembros de DEBA defienden que "se deben preservar los recursos paisajísticos, medioambientales y económicos" de la sociedad cántabra "por encima" de los de una fundación privada.

Desde el Parlamento, la Comisión de Peticiones abordó el asunto, acordando su traslado a los grupos parlamentos y las administraciones implicadas, para que el órgano competente conteste en un plazo de tres meses, además de recabar de estas instituciones (Gobierno, Puerto y Ayuntamiento) el traslado del contenido de la resolución, y después, comunicar a los solicitantes el acuerdo que se adopte.

De la Plataforma DEBA forman parte ARCA, Cantabria Nuestra, Ecologistas en Acción, Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía, Tajamar, Estado de Malestar Cantabria y Democracia Real Ya (DRY) Santander.

La petición se acompaña por el denominado 'Informe DEBA', un documento en el que enumeran los motivos de su rechazo a la ubicación del Centro, entre los que se encuentra la ocupación de espacios que "impedirán" su uso libre y público, además de "ocultar" paisajes, afectar "visualmente" a bienes declarados de interés cultural, e "impidiendo" la prolongación del espacio marítimo.

También critican aspecto del propio edificio diseñado por el arquitecto genovés Renzo Piano, como la planta baja, y algunos efectos que tendría, como el del viento, que, aseguran, se multiplicaría por cinco veces al pasar bajo el edificio, creando riesgos, en especial los días de viento sur.

Ese informe extiende su preocupación a otros proyectos en la zona marítima, como los ligados al Mundial de Vela, o los planteados para Varadero, y los rellenos en las dársenas de Maliaño y Raos.