Los juzgados y tribunales de la Región de Murcia ingresaron en 2011 un total de 290.627 asuntos y resolvieron 292.957, todo ello a pesar de que soportan una litigiosidad de las más altas de España con 197,7 asuntos por cada mil habitantes, sólo inferior a la registrada por Andalucía, Madrid, Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares.

Además, la Región cuenta con diez jueces por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento "importante" respecto a los 7,2 que había en 2010, aunque se trata del segundo menor ratio por comunidades y sigue siendo "insuficiente", estando todavía por debajo de la ratio media de España de 11 magistrados.

Así lo ha hecho saber el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Juan Martínez Moya, quien ha aprovechado la presentación de la Memoria Judicial de 2011 para reclamar un refuerzo de la planta judicial, con más medios humanos y materiales.

La elevada litigiosidad y la masificación de los juzgados se debe, según ha precisado, a la "perdurable crisis económica y financiera, la consolidación de una sociedad litigiosa y la expansión legal y judicialización de demasiadas controversias". Con todo, ha remarcado que los datos globales demuestran una sensible reducción del volumen de ingresos con respecto al año anterior.

Especialmente, ha mostrado su preocupación por las jurisdicciones que han soportado una mayor litigiosidad, como la Social, que fue la única que recibió en 2011 más casos de los que pudo resolver.

A este respecto, Martínez Moya ha destacado que la reforma laboral de 2012 "ha transformado los principios del Derecho del Trabajo", y a finales de 2011 se publicó una Ley reguladora de la jurisdicción Social que ha trasvasado muchas competencias que antes eran abordados por los órganos contencioso-administrativos, tales como los antiguos expedientes de regulación de empleo o las sanciones en materia laboral.

Todas estas competencias "se van a volcar ahora todas en los órganos de jurisdicción Social", por lo que ha hecho un llamamiento para que la planta judicial de los juzgados de los Social "esté suficientemente reforzada".

Además, ha remarcado que se trata de una jurisdicción que debe dar una respuesta "rápida" a los asuntos que maneja como, por ejemplo, las prestaciones por desempleo o los despidos, que "no pueden tardar mucho más tiempo de dos meses en una primera respuesta", según ha aseverado.

Impacto de la crisis en los juzgados

Respecto al impacto de la crisis en los juzgados de la Región, Martínez Moya ha recordado que durante el pasado año, 344 empresas murcianas entraron en concurso de acreedores, lo que supone 104 más que en el 2010. Esto supone un aumento del 44,3 por ciento interanual.

En cuanto a los despidos que fueron judicializados, los Juzgados de lo Social murcianos registraron 3.404 casos, lo que supone una reducción del 0,7 por ciento. Además, las reclamaciones de cantidad descendieron un 25,4 por ciento; las ejecuciones hipotecarias bajaron un 16,2 por ciento; y los monitorios disminuyeron un 27,1 por ciento.

También registraron una elevada litigiosidad los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer de la Región, que registraron 707 denuncias, lo que supone 4,8 denuncias por cada 10.000 habitantes, lo que sitúa a Murcia por encima de la media nacional de 4,2.

Ha querido remarcar el esfuerzo de los órganos judiciales para reducir la pendencia, entre los que destacan, por partidos judiciales, los de Totana, San Javier, Molina y Jumilla, que cuentan con juzgados que superen los 3.000 asuntos resueltos. A la cabeza de la Región se destaca el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de San Javier y 1 de Totana llegando a resolver más de 4.600 y 3.600 asuntos, respectivamente, durante 2011.

Crecimiento de órganos judiciales

En este sentido, ha lamentado que, durante el año 2011, no se creó ninguna nueva unidad judicial, y sólo se incorporaron cuatro jueces de refuerzo, tres de ellos en San Javier y otro Molina. Además, ha avanzado que en 2012 tampoco hay noticias de nueva creación de órganos judiciales.

Ha insistido en la necesidad de ampliar la planta judicial, y ha remarcado que la falta de creación de órganos judiciales, aspecto extendido a toda España, "nos conduce a un panorama de estancamiento en el incremento de la ratio de jueces por habitante que venía produciéndose en nuestra Región".

En este sentido, ha recordado que la Sala de Gobierno del TSJ ha elevado propuestas, con datos objetivos y sobre la base de un equilibrio regional, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia, en las que insiste en la necesidad de ampliar la planta judicial de Instancia en Murcia y Cartagena, así como la creación de un mixto en Molina de Segura.

Asimismo, ha solicitado la creación de nuevos órganos en las jurisdicciones Penal, Social y Contenciosa de Murcia; y nuevamente, reitera la necesidad de emplear fórmulas más racionales de división de cargas competenciales por especialidades, que se traducen en extender la competencia territorial de los Juzgados de Violencia de Género de Murcia y Cartagena así como constituir un Comarcal Exclusivo de Violencia sobre la Mujer con sede en Lorca y con ámbito en los partidos de Lorca, Caravaca y Totana.

Finalmente, el presidente del TSJ ha reiterado la necesidad de constituir una segunda Sección (Sección 6) de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena, lo que "permitiría la especialización en la jurisdicción Civil y Penal, aumentando dos plazas de magistrados".

También ha subrayado la necesidad de reforzar las secciones Penales de Murcia (Sección 2 y 3) con un nuevo magistrado, al igual que la Sección 4, y ha reiterado la importancia de la creación de equipos psico-sociales de ámbito regional para todos los juzgados de Familia.

"sombra enormemente alargada"

En lo que respecta a las infraestructuras, Martínez Moya se ha felicitado porque, "por fin se alza la II fase de la Ciudad de la Justicia, que está prácticamente finalizada", y ha manifestado la agilización en su construcción "al estar vinculada al nuevo modelo de oficina judicial en el que la Región está a la vanguardia".

El presidente del TSJ ha dicho esperar que esta segunda fase de la Ciudad de la Justicia esté en funcionamiento el próximo trimestre, cuando será ocupada previsiblemente por los órganos judiciales que actualmente están dispersos por el partido judicial de Murcia.

Martínez Moya también ha destacado la existencia de una "sombra enormemente alargada, que es Lorca, que cuenta con muchas sedes dispersas y muchos órganos judiciales, como siete juzgados de primera instancia, dos juzgados de lo Penal y una oficina de servicios comunes".

Ha recordado que el edificio judicial de Lorca es una demanda "largamente solicitada", y ha señalado que es el Ministerio de Justicia el que "tiene que tomar la decisión de separar la jurisdicción Civil y Penal, y lo estamos demandando".

Por otra parte, ha hecho también un llamamiento al Ministerio de Justicia a fin de que asuma con rigor y máxima atención la competencia de atender con normalidad y optimización el sistema informático.

"Las continuas caídas del sistema informático producen enormes distorsiones en el trabajo diario de la oficina judicial y de jueces y magistrados, lo que resulta manifiestamente inaceptable en términos de eficacia, productividad y optimización del tiempo de trabajo", según el presidente del TSJ, quien ha reclamado la misma atención que reciben otras administraciones como la de Hacienda en este sentido.

Por último, ha remarcado que el Ministerio de Justicia apuesta por una implantación "gradual" de la Oficina Judicial, y descartado que este proceso se detenga y tenga marcha atrás.