La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón a la Congregación de las Hermanitas de los Hermanos Desamparados en el proceso de expropiación de una finca en Puente Viesgo como consecuencia de las obras de la Autovía del Cantábrico (A-8).

En concreto, el Jurado de Expropiación Forzosa estableció el justiprecio de la finca expropiada por las obras del tramo La Encina-Torrelavega en 131.542,61 euros, que ellas elevaban hasta los 450.828,53 euros.

La congregación religiosa cuestionaba el método aplicado para calcular esa cifra, en función de la fecha elegida para los cálculos.

El problema con la fecha es que se quiso calcular a partir del momento en que la obra se reanudó, tras un tiempo paralizado en el que se produjeron cambios normativos que afectaron a los cálculos, pero se recuerda que durante ese retraso la finca ya estuvo ocupada, por lo que se debe fijar el criterio original.

Pero además, llamaban la atención sobre la relación laboral de un miembro del Jurado con la empresa redactora del proyecto de la autovía, aunque es un asunto en el que la Sala no entra, al entender que debería tenerse en cuenta si se produce indefensión, y en este caso la congregación ha podido recurrir contra la resolución.

Así que en la sentencia la Sala estima su recurso, anulando el acuerdo del Tribunal de Expropiación Forzosa y ordenando que se liquide conforme al sistema que reclamaba la orden religiosa.