La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este martes una declaración a favor de la unidad de la lengua catalana y que critica las modificaciones legislativas sobre el catalán que han impulsado los gobiernos aragonés y balear.

Según la declaración, estas modificaciones "comportarían un detrimento del estatus legal de la lengua, de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes y de la normalización de la lengua en la enseñanza, la comunicación y el uso social tanto en los territorios respectivos, como en el conjunto del dominio lingüístico".

El texto establece que las iniciativas legislativas de ambos gobiernos "no se ajustan a la Declaración universal de los derechos lingüísticos" aprobada por el Congreso y pide respetar los criterios sobre el catalán de los estamentos científicos, académicos y culturales.

La declaración afirma que hay que "denunciar el uso de denominaciones de la lengua catalana impropias" que sean contrarias a los principios académicos y que no reconozcan, según dice, la realidad cultural de la unidad de la lengua.

Aunque no se menciona explícitamente en el texto, esta declaración llega después de que el Gobierno de Aragón (PP-PAR) haya decidido en su nueva ley de lenguas pasar a denominar el catalán que se habla en la Franja de Ponent como "aragonés meridional o septentrional".

El texto recalca la necesidad de llevar la declaración ante el Gobierno y pedirle que actúe a favor del reconocimiento de la unidad de la lengua catalana y adopte "las medidas correspondientes" para el respeto y la protección de las lenguas del Estado que no son el castellano.

La declaración recoge que el catalán es una lengua hablada por más de nueve millones de personas en Catalunya, la Comunidad Valenciana (salvo en algunas comarcas del interior), Baleares, la Franja (Aragón), la ciudad de Alguer (Italia), la Catalunya Norte (territorios del sur de Francia), el Carche (Murcia) y Andorra.