Los responsables en La Rioja de Amnistía Internacional, Pedro Zabala, y de Rioja Acoge, José Ramón Pérez Rojas, han advertido este martes que "la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría afectar a la vida y a la salud de miles de personas".

Zabala y Pérez Rojas han acudido este mediodía al Registro de la Comunidad de La Rioja, donde han entregado casi 60.000 firmas recogidas en toda España contra unas medidas que califican de "regresivas e injustas". Esta acción se ha realizado de forma simultánea en las Presidencias de todas las Comunidades Autónomas.

Como han relatado, con esta iniciativa, en la que se han recabado apoyos a través de internet principalmente, "se les solicita a los Gobiernos autonómicos que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación y que mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas".

Las organizaciones consideran que "la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012, puede costar vidas", ya que, como han incidido tanto Zabala como Pérez Rojas, "son medidas que afectan a los colectivos con más vulnerabilidad".

Han recordado, en este sentido, que "los recortes implican que las personas migrantes mayores de edad en situación irregular solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto".

Afectarán también a "personas españolas -como las mayores de 26 años que no hayan cotizado- que verán dificultado su acceso al derecho a la salud", lo que para estas organizaciones "son medidas regresivas y discriminatorias".

Las ONG -que, a nivel nacional, se amplía también a Médicos del Mundo- alertan que el Real Decreto Ley 16/2012 "va a dejar a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud". "La reforma -ha añadido Pérez Rojas- va a suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos y va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico médicos para miles de personas en situación administrativa irregular que residen en nuestro país".

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge denuncian, además, que la reforma sanitaria vulnera obligaciones internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.

A todo ello, Zabala y Pérez Rojas han unido que "las medidas afectarán incluso a todos nosotros y a todo el sistema", ya que, según han advertido, "se pueden quedar sin tratar enfermedades infecciosas o epidémicas", además de poderse llegar a "casos de colpasos en Urgencias".

Universalidad del derecho a la salud.

Las organizaciones promotoras también han mostrado su "preocupación por el retroceso en la universalidad del acceso al derecho al acceso a la salud para las personas españolas residentes, garantizado por la Ley General de Salud Pública 33/2011". La reforma sanitaria, sin realizar mención alguna a esta ley, limita el acceso a la salud a las personas con consideración de "aseguradas y beneficiarios".

Las organizaciones recuerdan que el principio de universalidad en la atención sanitaria está contenido también en varios Estatutos de Autonomía (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y País Vasco).

Preocupa también a las organizaciones que "el copago farmacéutico provoque que pensionistas con rentas bajas no puedan afrontar con garantías y en su totalidad sus tratamientos y decidan por tanto suspenderlos".

Por otra parte, las entidades consideran que "habría sido preferible que el gobierno hubiera promovido un debate informado y una mayor participación social en esta reforma legal, puesto que es una reforma legislativa que afecta a los derechos humanos, entre ellos, la salud y la vida".

Consideran que "las Comunidades Autónomas pueden y deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación".

"Por eso, pedimos al Gobierno de La Rioja, ya que tiene competencias en salud, que no aplique el decreto, que nos hace dar pasos atrás. Estamos en contra de una reforma sanitaria que nos puede costar vidas", ha finalizado Pérez Rojas.