El pleno del Parlament debatirá este martes martes, en sesión de mañana y tarde, el Decreto Ley del Govern sobre medidas urgentes para la reactivación económica en materia de industria y energía; el dictamen de la Comisión de Turismo sobre el proyecto de Ley de Turismo de les Illes Balears; y la modificación de la Ley de la Función Pública.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, portavoz del PP en Economía, será la encargada de intervenir ante el pleno para defender el decreto ley que establece un conjunto de medidas para facilitar de manera inmediata la creación de empresas y de puestos de trabajo, tal y como han informado este lunes fuentes de la formación conservadora.

Este decreto ley, que fue aprobado por el Consell de Govern el pasado 15 de junio, debe ahora ser validado por el pleno del Parlament. Consiste en un conjunto de medidas urgentes que forman parte del plan de reactivación económica del Ejecutivo autonómico, y que se añaden al Plan de Saneamiento Económico-Financiero, la Ley de Emprendedores, los presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Plan de Equilibrio Económico, y el pago a proveedores (842 millones de euros en 245.000 facturas).

La diputada Asunción Pons ha explicado que se trata de "un decreto transversal, que afecta a varias conselleries y departamentos al impulsar actuaciones conjunta en materia de industria, energía -como la producción de energía renovable en el medio rural, y biomasa-; la Ley de Actividades, declaraciones de utilidad pública, y también afecta a la salud pública y a la contaminación acústica".

"Este nuevo marco normativo -ha explicado- responde a la necesidad de reducir burocracia así como a la eliminación de requisitos y exigencia en la tramitación de los expedientes administrativos, pero no supone la pérdida de garantías, que se mantienen con procedimientos mucho más ágiles".

La diputada menorquina ha destacado entre las novedades que introduce este decreto la "licencia exprés", que simplifica los trámites para la apertura de negocios sobre la base de la declaración responsable, lo que beneficiará al 95 por ciento de los proyectos de nueva apertura. Además incluye un apartado de regularización de las actividades ya existentes.