M.Planas destaca que las administraciones en el Algarrobico "actúan sin esperar a fallos judiciales"

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente andaluz, Luis Planas ha asegurado este miércoles que con el acuerdo firmado con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que supone el encargo a la empresa Tragsa del estudio para la demolición de la construcción de Azata en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), así como del tratamiento de residuos y restauración ambiental de la zona, se ha demostrado "la actitud que se debe dar ante conflictos de esta materia", ya que "a pesar de haber un procedimiento judicial por este motivo, no hemos esperado a la resolución del mismo para actuar".
Hotel de El Algarrobico
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EUROPA PRESS

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente andaluz, Luis Planas ha asegurado este miércoles que con el acuerdo firmado con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que supone el encargo a la empresa Tragsa del estudio para la demolición de la construcción de Azata en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), así como del tratamiento de residuos y restauración ambiental de la zona, se ha demostrado "la actitud que se debe dar ante conflictos de esta materia", ya que "a pesar de haber un procedimiento judicial por este motivo, no hemos esperado a la resolución del mismo para actuar".

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación ha declarado que la firma del acuerdo sirve para que la empresa Tragsa "lleve a cabo este estudio tanto sobre las características técnicas como la evaluación financiera", de este modo pudiera resultar "posible una eventual demolición y un tratamiento de residuos de la zona", afirma Planas.

Ya el pasado lunes, el Ministerio apuntó que en el acuerdo firmado con Planas acordaron cofinanciar "los costes que se deriven de cada una de las actividades".

La Junta de Andalucía había firmado con el anterior Gobierno socialista un convenio por el cual el Ministerio iba a financiar la demolición de la obra y el Ejecutivo andaluz, la limpieza de los escombros, acuerdo con el que el actual Gobierno central se ha mostrado en desacuerdo al considerar que era la administración andaluza "la que debe correr con los gastos de todas las operaciones de desmantelamiento y recuperación".

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