El sindicato de enfermería SATSE-Andalucía ha elevado un escrito de queja ante la oficina del Defensor del Pueblo andaluz contra el Decreto-Ley 1/2012, relativo al plan de reequilibrio financiero de la Junta de Andalucía, una norma para la que le pide al organismo que preside José Chamizo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.

Según este escrito de queja, recogido por Europa Press, SATSE considera que muchas de las medidas contenidas en el decreto-ley "no están debidamente justificadas por razones de urgencia y de necesidad real", además de que también "vulnera derechos, deberes y libertades del Título Primero de la Constitución Española".

Entre estos derechos, el sindicato de enfermeros alude a la lesión de los derechos de igualdad (artículo 14), a la contribución igualitaria a los gastos públicos (artículo 31), a la no privación de derechos y bienes (artículo 33.3), a la negociación colectiva (artículo 37), a la limitación de la jornada laboral (artículo 40.2), el derecho a la salud (artículo 43) y el derecho a una suficiencia económica durante la tercera edad y garantía de pensión adecuada (artículo 50).

También alude a la vulneración del derecho al trabajo y a una remuneración suficiente (articulo 35 ce), al establecer en algunos casos, como el personal temporal en general, "reducciones abusivas y desproporcionadas en su jornada de trabajo y retribuciones".

Del mismo modo, advierte de la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española, tras entender que el "evidente carácter retroactivo" de la normativa cuestionada, "cercena el status jurídico de los empleados públicos que entraron en una relación de servicios en condiciones más favorables, con manifiestas consecuencias no sólo en su esfera patrimonial sino moral", por lo que SATSE entiende que el decreto-ley "puede ser inconstitucional por violación del artículo 9.3 de la Ley en cuanto constituye una norma con efectos retroactivos y restrictiva de los derechos individuales del funcionario afectado".

Agrega SATSE que el decreto también vulnera el artículo 86 de la Carta Magna y el 110 del Estatuto de Autonomía. Así, argumenta que el artículo 86.1 de la CE exige dos requisitos para que el gobierno legisle por el procedimiento excepcional del Decreto-Ley; el primero positivo, exigiendo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y, el segundo en negativo, señalando que en ningún caso la norma así dictada podrá afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.

Por todo ello, SATSE ha solicitado en su escrito de queja al defensor que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz. Se da la circunstancia de que este mismo lunes, los sindicatos Safja (Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía), Sindicato Médico (SM) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía) han presentado un recurso, como integrantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra este mismo plan de ajuste de la Junta, sobre el que piden su suspensión cautelar mientras el recurso se resuelve.