El Ayuntamiento de Laredo ha iniciado los trámites para anular el procedimiento de adjudicación del servicio de estacionamiento de pago (OLA) en distintas vías del municipio durante el periodo estival

Dicha decisión responde a la solicitud realizada en este sentido por ACELAR y otros empresarios directamente afectados. Estos colectivos entienden que la aplicación de la actual ordenanza "supondría el estrangulamiento del centro" y abogan por hacer extensivo el ámbito de aplicación de la regulación "a todo el municipio", dirección en la que lleva trabajando desde hace varios meses el concejal de Organización, Ramón Arenas, por indicación expresa del alcalde, Ángel Vega.

Precisamente, y según informa el Ayuntamiento en una nota, han sido cuestiones administrativas las que han impedido que fructificasen las gestiones llevadas a cabo desde principios de año por el edil y los técnicos municipales para hacer realidad la generalización a todo el municipio de la OLA.

Dicha implantación requiriere la aprobación de una nueva ordenanza, viéndose por tanto abocado el Consistorio a recuperar la actualmente vigente para tratar de salvar el periodo estival.

El reciente anuncio de su licitación generó, según recuerda el Ayuntamiento, reacciones contrarias por parte de comerciantes y hosteleros locales, que veían como en su actual configuración, la ordenanza provocaría un "ahogamiento" de las plazas de aparcamiento del centro de la villa, impidiendo la necesaria rotación que el dinamismo comercial requiere.

Estas objeciones de los empresarios se han puesto este lunes sobre la mesa en una reunión entre representantes de ACELAR, encabezados por su presidente, José Félix Cánovas y la vicepresidenta Carmen García, con el alcalde y el concejal responsable de la ordenanza, Ramón Arenas.

Todos ellos han coincidido en destacar que la prioridad es mejorar la gestión del tráfico en el municipio, regulando las plazas de aparcamiento disponibles que, en la actualidad, ofrecen una "escasa o nula" posibilidad de rotación, perjudicando los intereses comerciales de las empresas radicadas en el casco urbano.