Esta instalación contará con una sola terminal -que será costeada por el Gobierno del Peñón- en la que policías españoles controlarán el tránsito de pasajeros con destino final en España.

Además, los vuelos originados en aeropuertos españoles cuyos pasajeros vayan a un destino español tendrán consideración de "vuelos domésticos" y no serán sometidos a "ningún tipo de control".

Fuentes diplomáticas de la negociación explicaron que los pasajeros o mercancías españolas de un supuesto vuelo Gibraltar-Madrid no pasarán ningún control policial, mientras que los gibraltareños que deseen volar a Madrid deberán pasar un control español.

Se prevé que el nuevo aeropuerto esté construido en unos dos años y su gestión comercial estará a cargo de una empresa mixta Gibraltar-España, aunque la pista y la torre seguirán bajo control militar.

El primer vuelo entre Madrid y Gibraltar saldrá en diciembre.

Otro de los asuntos pactados es el pago de la revalorización de las pensiones de varios miles de españoles que trabajaron en Gibraltar antes del cierre de la verja en 1969 y que no han sido actualizadas desde 1989.

El acuerdo, que afecta a unos 6.000 pensionistas que cobran una media de 10 libras esterlinas mensuales, establece que el Reino Unido pagará a cada uno de ellos una cantidad a tanto alzado equivalente a la actualización desde 1989.

A cambio, los pensionistas dejan de depender del fondo de pensiones gibraltareño y pasan a hacerlo de un nuevo fondo británico que se encargará del pago de las pensiones actualizadas hasta la desaparición de los beneficiados.

El asunto de la mejora de telecomunicaciones de Gibraltar quedó resuelto con la decisión de España de aceptar el uso compartido del prefijo "350" -que Gibraltar utiliza para todas las llamadas salvo las procedentes de España-, en vez del "956" de la provincia de Cádiz, que es el usado actualmente para llamadas desde territorio español, lo que impedía el crecimiento del número de líneas como solicitaba Gibraltar.

El acuerdo alcanzado hoy en Córdoba también contempla la mejora física del cruce de la verja para hacerlo más ágil y rápido, con la instalación, por parte de España, de carriles separados para las personas y vehículos que no tengan "nada que declarar".

Por último, también se pactó la apertura de un Instituto Cervantes en Gibraltar, lo que supondrá la primera institución española en el Peñón desde que, en 1954, el entonces jefe del Estado español, Francisco Franco, cerrara el consulado.