Diputación reclama 5,3 millones que adeuda la Junta de Andalucía a 160 municipios por la ley de Dependencia

El vicepresidente segundo ha advertido que la Diputación no puede hacer frente a los 25 millones de euros que en total quedan por abonar este año

El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada y diputado delegado de Familia y Bienestar Social, José Robles, ha denunciado este lunes la "alarmante situación" en la que se encuentran los 160 municipios granadinos de menos de 20.000 habitantes ante el impago de la Junta de Andalucía de 5.361.000 euros correspondientes al bimestre anterior por los servicios que prestan en virtud de la ley de Dependencia.

Estos fondos no han sido ingresados a la Diputación Provincial de Granada encargada de abonar a los municipios estos pagos, que están dejando en una situación crítica a las empresas que prestan el servicio, la mayoría pequeñas cooperativas de trabajadoras del sector.

"La ineficacia, la falta de gestión, la bancarrota que tiene la Junta de Andalucía las termina pagando el más débil", esto es, ayuntamientos y empresas y, por tanto, trabajadores y dependientes, según ha explicado Robles, que ha añadido a esta deuda el pago de más de 2 millones de euros en nuevas altas en lo que va de año de los que se han tenido que hacer cargo los ayuntamientos pues se regularizan en el ejercicio siguiente. Esa regularización del año 2011 supone 1,5 millones de euros que tampoco ha pagado la Junta a lo que hay que sumar los 16,5 millones del segundo semestre que ya ha comenzado. Son un total de 25 millones de euros para este año a los que la Diputación no puede hacer frente en forma de adelantos.

En 2007, según ha detallado, los semestres se abonaban en un solo pago, mientras que en estos años se ha ido fraccionando hasta llegar a seis pagos al año. Los 5,3 millones que reclaman los municipios de forma perentoria son los correspondientes a los servicios de mayo y junio. Ayuntamientos y empresas, con el dinero adelantado por la Diputación, han podido pagar los servicios y las nóminas de estos dos meses pero la situación es "insostenible" en el medio plazo dada la actual situación económica.

"Lo que trasladan los alcaldes a la Diputación es que esta situación no se puede sostener de la forma en que la gestiona la Junta de Andalucía" pues "la Diputación, los ayuntamientos y las empresas no pueden adelantar el dinero", ha señalado Robles, que ha remachado que "tal y como está pagando la Junta de Andalucía a la Diputación de Granada, no podemos resistir" ya que "la situación actual no es la de hace cuatro años".

La provincia de Granada tiene más de 6.000 dependientes solo en municipios de menos de 20.000 habitantes que podrían verse afectados por esta situación por lo que "esta va a ser una de las primeras cuestiones que va a plantear la Diputación de Granada a los responsables de la Junta de Andalucía una vez que estén nombrados", ha afirmado el vicepresidente segundo, que ha incidido que el retraso en el nombramiento de los delegados provinciales del Gobierno andaluz está perjudicando a esta situación en la que también ha denunciado que falta "lealtad institucional".

Robles, que ha recordado el llamamiento formulado por el presidente Sebastián Pérez ante el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, el pasado viernes acerca de esta misma materia, ha pedido que se mantenga informada a la Diputación Provincial de los problemas presupuestarios que puedan ir surgiendo en esta materia pues afectan al día a día de 6.000 dependientes más los que viven en los municipios grandes y medianos de la provincia.

Sin embargo, "no tenemos interlocutores en la Junta de Andalucía", ha destacado el vicepresidente segundo, que ha criticado que los "problemas internos" de los socialistas acaben afectando a los dependientes granadinos. "Los vecinos no entienden de esas peleas", ha concluido el responsable de Familia, Bienestar Social y Economía de la Diputación, que ha denunciado a su vez que el Gobierno andaluz ingresara los dos anteriores pagos por la Dependencia tras ser denunciada la deuda en los medios de comunicación y que, pese a ello, se haya vuelto a acumular un retraso de 2 meses y 9 días.

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