La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT de Extremadura ha mostrado su "rotundo rechazo" a los recortes en las prestaciones y programas de los Servicios Sociales de Base, así como a su nueva fórmula de financiación "cambiando la vía convenio de colaboración, existente hasta ahora, por la convocatoria de subvenciones".

En nota de prensa, FSP-UGT señala que los servicios sociales de base son "un pilar indispensable del Estado de Bienestar, un derecho de los ciudadanos como la educación y la sanidad", y constituyen "el primer nivel de atención de las necesidades sociales básicas de la ciudadanía y son de carácter universal y polivalente".

Señala que en la situación económica actual, estos recursos "son más necesarios por el aumento de personas en situación de exclusión social", ya que según los datos que ha aportado, en Extremadura hay 57.000 hogares con todos sus miembros en paro.

Así, señala en la región extremeña, la red básica de servicios sociales cuenta con 76 servicios sociales de base y 243 profesionales de trabajo social, que llegan "a atender anualmente a más de 300.000 usuarios, lo que supone cerca del 30 por ciento de la población extremeña".

Junto a estos trabajadores sociales, que se encuentran en el primer acceso de atención al ciudadano, señala FSP-UGT, "existe un gran número de profesionales que prestan sus servicios desde los distintos programas gestionados" por esos servicios sociales de base, como psicólogos, educadores sociales, auxiliares de geriatría, auxiliares de ayuda a domicilio o monitores.

Esta federación sindical se ha mostrado "consciente" del "recorte considerable" que ha sufrido en Extremadura el Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de los servicios sociales en las corporaciones locales, lo que "repercute en la disponibilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma para la financiación de estos servicios y especialmente de los programas".

Se trata de programas dirigidos a familias, menores, discapacitados, mayores, inmigrantes, gitanos, y que "están viendo disminuidos sus presupuestos y en algunas localidades han desaparecido en lo que va de año, al no poder afrontar estos gastos por parte de las entidades locales".

En ese sentido, FSP-UGT ha alertado de que estos recortes "generan exclusión social" y que "un país sin cobertura social puede desencadenar en la ruptura de la cohesión social y en un crecimiento de la pobreza, las desigualdades sociales e injusticia social".

También se genera, añade la federación, "una perdida de puestos de trabajo necesarios para poder llevar a cabo las prestaciones sociales", por lo que insta al Gobierno de Extremadura a "garantizar la prestación de estos servicios en Extremadura y garantizar, de igual modo, todos y cada uno de estos puestos de trabajo".