Más control de las ventas

El decreto aprobado ayer también establece que cuando se venda una vivienda de protección oficial, en segunda mano,  se deberá hacer un contrato sellado por un notario que, junto con el registrador, enviarán notificación a la Junta. Ésta, durante los 30 primeros años, tendrá preferencia para recomprar la vivienda VPO.

La nueva normativa también facilitará la coexistencia de viviendas libres y de protección en una misma promoción de suelo para evitar que se formen zonas  marginales en las ciudades.

De la misma forma se ha decidido elevar los ingresos mínimos. Una persona que quiera acceder a estas casas deberá cobrar como máximo 43.660 euros brutos al año. Los que cobran poco  también se verán favorecidos, ya que se reducirá la renta mínima.