El secretario del Juzgado de Paz de la localidad cordobesa de Castro del Río acusado de la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos, tras supuestamente detectarse la desaparición de dinero de multas e indemnizaciones, ha quedado en libertad tras abonar una fianza de 2.000 euros, si bien aún continúa la fase de instrucción con las declaraciones de perjudicados.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, quienes han detallado que, tras declarar ante el juez, éste decreto su ingreso en prisión, que ya ha abandonado. Mientras, la causa, que lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, se alargará meses hasta que se celebre el juicio, al que por el momento acudirá como único imputado el secretario del Juzgado de Paz de Castro del Río.

La investigación arrancó a finales de agosto de 2010 y se inició después de que varios órganos de la capital constataran el funcionamiento anómalo del Juzgado de Paz del municipio de la comarca del Guadajoz. Los funcionarios empezaron a detectar la dilación en el pago de multas o indemnizaciones por parte de vecinos de Castro del Río condenados por sentencia.

Puestos en contacto con los procesados, argumentaban que habían depositado el dinero en el juzgado de paz y que disponían del extracto bancario que el propio secretario les había entregado. Cuando los funcionarios lo interrogaban sobre el asunto alegaba habitualmente un problema en el correo entre Castro del Río y la capital.

Se investiga la desaparición de más de 30.000 euros que los vecinos supuestamente le habrían entregado para pagar multas, indemnizaciones o requerimientos, dinero cuyo paradero ahora intenta aclarar el magistrado. Los órganos de Justicia no tienen potestad para recoger dinero y son siempre los ciudadanos los que han de ingresan el efectivo en una cuenta bancaria.

En algunas ocasiones, el funcionario habría cobrado las multas sin ser las sentencias todavía firmes, mientras que en determinados procedimientos habría repuesto el dinero. También parece constatado que, cuando se abrió la causa penal, cesó el problema.

El imputado ya se sentó hace unos años en el banquillo por no tramitar una serie de causas en el juzgado de instrucción en el que prestaba servicio, pero el juez de lo Penal lo absolvió después de que la Fiscalía retirara la acusación. La sentencia, sin embargo, consideró probado que la acción de A.R.M. ocasionó la prescripción de 24 causas y la paralización de varias decenas. Según la resolución, sin embargo, "no resultó debidamente acreditada finalidad espúria o torticera".