La Junta de Andalucía ha criticado que el Gobierno central quiera "liquidar la figura de los promotores de empleo" y advierte de que ello "supone que 413 trabajadores deban dejar de prestar atención a desempleados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

En una nota, la Junta ha recordado que el pleno del Congreso de los Diputados rechazó el pasado jueves por la tarde, con los votos del PP, dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Convergència i Unió contrarias a la Disposición final décima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que establece que los promotores de empleo "realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los servicios públicos de empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012".

El "rechazo" de las dos enmiendas, que defendían la continuidad de los promotores de empleo hasta el 31 de diciembre de 2012, va a suponer, según la Junta, que "413 técnicos de empleo (1.500 a nivel nacional) tengan que abandonar las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a partir de este sábado".

Con el rechazo de las enmiendas del Senado, el Partido Popular que sustenta al actual Gobierno central "elimina, en el momento en que España se encuentra con la mayor tasa de desempleo de la democracia, servicios técnicos destinados a la atención a las personas desempleadas, información a las empresas y seguimiento de las actuaciones, al tiempo que ignora las iniciativas planteadas desde distintos gobiernos de comunidades autónomas, incluida Andalucía".

La continuidad a los promotores de empleo y también a los agentes locales de promoción de empleo (ALPE), cuyos fondos para su contratación han sido "drásticamente reducidos", forman parte del Plan de Empleo Integral que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, planteará a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La fecha de la reunión, solicitada el 8 de junio, ha sido fijada por el Ministerio para el 18 de julio.

Esta medida se suma, además, a los acuerdos que aprobó el Consejo de Ministros el viernes 22 de junio, en los que se recogen los criterios de distribución de los fondos para la contratación de 1.500 orientadores y otros 1.500 promotores laborales, y que fijaron que a Andalucía le corresponden un total de 20,5 millones de euros, una cifra que "sólo garantizaba los contratos de los promotores hasta este sábado 30 de junio".

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está trabajando en alternativas para ampliar la duración de los contratos de estos trabajadores durante tres meses, en las condiciones que permitan las disponibilidades presupuestarias, con el objetivo de que el Ministerio cambie su postura de recortes en políticas de empleo.

La Junta lamenta que esta medida "se une además al recorte en un 57 por ciento de los recursos destinados a las políticas activas de empleo a Andalucía aprobados en la Conferencia Sectorial del pasado 24 de mayo, y que suponen que Andalucía recibe este año 396 millones de euros menos para medidas que impulsen la creación de empleo.

Junto al recorte, la comunidad autónoma también ha recibido un trato discriminatorio frente a otras autonomías, reduciendo sobre lo ya reducido con un criterio de reparto que le perjudica, y que le resta otros 34,9 millones de euros.

La Junta ha recordado que Extremadura contará con un Plan Especial de Empleo, a partir de enmiendas presentadas y aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular, similar al que Andalucía está demandando al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que "la práctica totalidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no van a adoptar ninguna medida para la continuidad de los promotores, como las que está analizando Andalucía".