La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha cerrado este viernes por unanimidad un acuerdo con la Junta de Personal y el Comité de Empresa, por el que se reducen a 62 los puestos de trabajo amortizados por el proceso de cierre del Centro de Atención a la Dependencia de La Pereda y la externalización del centro de día de Castro Urdiales.

Después de analizar los planteamientos de los sindicatos, la Consejería ha presentado a la Mesa de Función Pública una propuesta definitiva, que supone una "mejora considerable" sobre la barajada hace una semana, que fijaba en 75 el número de puestos de trabajo que se iban a amortizar.

Una vez estudiada la propuesta en el seno de la Mesa de Función Pública, los sindicatos han planteado a la Administración la posibilidad de abrir un plazo de voluntariedad en el traslado de cada uno de los trabajadores afectados.

La Consejería ha aceptado esta premisa y, sindicatos y Gobierno han llegado a un acuerdo por unanimidad.

Con este acuerdo, el Gobierno de Cantabria cumple el compromiso mantenido en todo momento por la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, de "reducir al máximo" el impacto sobre el empleo y mantener las negociaciones con los representantes de los trabajadores durante todo el proceso hasta llegar a un consenso, que se ha traducido en un "acuerdo unánime".

Inicialmente, se planteó una reestructuración que implicaba la supresión de todos los puestos de trabajo vinculados con un nombramiento o contrato temporal, lo que elevaba a 85 el número de puestos de trabajo amortizados, 20 de ellos en La Pereda y el resto en otros centros del ICASS donde fueran recolocados funcionarios y personal laboral fijo.

La última propuesta de modificación de Estructura Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del ICASS supone limitar a 62 los puestos de trabajo amortizados.

La Junta de Personal y el Comité de Empresa han aceptado esa propuesta del Ejecutivo por unanimidad y, con ello, siempre con la premisa de no suprimir los puestos actualmente ocupados mediante movilidad funcional que incluía la propuesta de la Administración, ha sido posible cerrar un acuerdo definitivo, cumpliendo el compromiso de la consejera de reducir al máximo el efecto sobre el empleo.

La propuesta del gobierno

La propuesta planteada por el Gobierno que ha hecho posible el acuerdo con los sindicatos supone la recuperación de parte de los puestos de trabajo ocupados por temporales, que inicialmente se proponían suprimir en su totalidad, siempre que su mantenimiento se considerase necesario y con el criterio preferente de suprimir otro puesto de trabajo vacante de similares características.

Además, la reestructuración supone que los puestos ocupados por temporales o interinos van a cubrir vacantes o a incrementar la plantilla.

El Gobierno también ha renunciado a crear 6 de los 7 puestos de trabajo de técnicos sociosanitarios que inicialmente había considerado, manteniendo las contrataciones temporales actualmente vigentes, con el consiguiente incremento de plantilla.

De hecho, la propuesta aprobada supone un incremento total de 24 puestos de trabajo dentro de la Relación de Puestos de Trabajo respecto a la primera propuesta de la Consejería.