Un 46,53 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León con derecho a prestación farmacéutica deberá abonar el 40 por ciento del coste de sus medicamentos prescritos, mientras que un 2,6 quedará exento de este copago por tratarse fundamentalmente de desempleados sin prestación.

Así lo ha explicado este viernes el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha desglosado cómo se verán afectados los 2.405.587 usuarios de la Comunidad por la aplicación de la modificación de la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica recogida en el Real Decreto 16/2012 que entrará en vigor este 1 de julio.

De esta forma, serán 62.146 los ciudadanos de la región no tendrán que pagar por sus medicamentos, mientras que 1.119.331 abonarán el 40 por ciento del importe de las recetas, y 583.188 —un 24,34 por ciento—, básicamente pensionistas, sufragarán el diez por ciento con un límite mensual de ocho euros.

Un 5,7 por ciento de castellanoleoneses, 137.414 pensionistas, abonarán el mismo porcentaje aunque con un límite mensual de 18 euros. En este sentido, Sáez Aguado ha recordado que el 86 por ciento de los jubilados pagará menos de ocho euros al mes en medicinas —el 83,6 de las pensiones contributivas—; el 92 por ciento, menos de 13, y el 96 no llegará a los 18.

El consejero también ha destacado la "progresividad" con que se aplicará este copago farmacéutico en función de la renta, de manera que 465.396 personas con rentas anuales entre 18.000 y 100.000 euros al año, el 19,35 por ciento de los usuarios, pasará a aportar la mitad del importe sin límite de cantidad, un porcentaje que se eleva hasta el 60 para otros 9.162 usuarios (0,38 por ciento) con ingresos superiores a los 100.000 euros. A su vez, 1.815 pensionistas con rentas altas que superen esta cantidad pagarán la misma parte aunque con un límite de 60 euros mensuales.

Modelo antiguo

Antonio María Sáez Aguado ha defendido las bondades del nuevo modelo frente al anterior, el cual estaba establecido "desde hace muchos años" y, por lo tanto, era "un poco antiguo" e "injusto", dado que "no distinguía entre las distintas rentas", sino "entre pensionistas que no pagaban anda y activos que pagaban el 40 por ciento".

Para calcular la cantidad que deberá aportar cada usuario, las recetas incluyen desde el pasado 22 de julio una serie de códigos que permitirán a las oficinas de farmacia acceder a la base de datos donde se especifica.

Asimismo, el consejero ha advertido de que se han dispuesto una serie de equipos portátiles en los consultorios locales, así como en los hospitales que aún no cuentan con el sistema de receta electrónica y para las visitas a enfermos en sus domicilios para que puedan imprimir pegatinas con dichos códigos, si bien esto sólo representará "entre un diez y un 13 ó 14 de todas las recetas que se emiten".

Todo esto ha requerido una inversión en equipos tecnológicos que la Consejería espera rentabilizar porque "mejora la prestación". Sin embargo, en caso de que la información de las recetas "no sea legible", se aplicarán los niveles mínimos de copago.

Con independencia de estas medidas, los pacientes crónicos mantendrán su actual aportación de un diez por ciento del coste de sus medicamentos con un máximo de 4,13 euros por envase para un tratamiento mensual.

REINTEGRO

Por lo que se refiere a los pacientes desplazados que deban abonar sus medicamentos fuera de Castilla y León podrán solicitar el reintegro del porcentaje que les corresponda. Tanto en este caso como en el de los pensionistas que excedan el límite, la devolución se realizará "de forma automática" cada tres meses, frente al plazo semestral establecido por el Ministerio de Sanidad.

Al hilo de esto, Sáez Aguado ha puntualizado que, a diferencia de algunas comunidades como Galicia, en Castilla y León "no se ha completado la implantación de la receta electrónica", por lo que será preciso recurrir al reintegro. Asimismo, ha advertido de que la "anomalía" provocada por la "insumisión" del País Vasco al copago farmacéutico no implicará una compensación para los ciudadanos vascos que compren medicamentos en la Comunidad, y ha recordado que anualmente la Junta costea 14 millones de euros de recetas emitidas en otras regiones.

Por último, el responsable de la Sanidad castellanoleonesa ha pedido "disculpas" por los problemas de coordinación que puedan producirse en los primeros días de funcionamiento del nuevo sistema y ha aseverado que se ha tratado de "causar a los usuarios las menores molestias posibles".

Con esta y el resto de medidas recogidas en el Real Decreto, la Junta espera ahorrar anualmente cerca de 38,5 millones de euros, aunque "no se tendrán datos fiables hasta que se conozca el gasto real en medicamentos".