Izquierda Unida (IU) ha exigido este miércoles que se depuren responsabilidades por el "desastre social, ambiental y económico" que afecta a la costa asturiana como consecuencia del vertido de fuel en la costa asturiana causado por la térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico.

Por ello, la coalición de izquierdas ha pedido la creación urgente de una "comisión de investigación" así como la puesta en marcha de un plan de restauración ambiental inmediato que vaya acompañado de las "compensaciones económicas que den respuesta a la incidencia socioeconómica que provocará en la comarca afectada".

"Reclamamos la asunción de responsabilidades, tanto al Gobierno del Principado como a la propia empresa Hidroeléctrica del Cantábrico, para lo cual es urgente abrir una investigación a fondo de la causa de los vertidos de combustibles", ha explicado en un comunicado el responsable de Energía y Medio Ambiente de IU, Adolfo Barrena.

A su juicio, "resultan reiteradas las ocasiones en las que estos hechos se repiten, aunque no con la gravedad del sucedido" esta semana, lo cual "demuestra con claridad" que la exigencia del cumplimiento de la normativa no está bien resuelto por el Gobierno de Asturias y que determinadas empresas incumplen reiteradamente los protocolos y las medidas de seguridad necesarias y obligatorias".

Compensar a la economía local

Según datos aportados por los cargos públicos de IU de Asturias, el vertido ha obligado a cerrar al baño distintas playas justo en el inicio de la campaña turística de verano, lo que "afecta gravemente a la economía local". "Por ello, reclamamos, además de la investigación, el mencionado plan de restauración ambiental así como medidas administrativas y económicas que compensen a la economía local de las afecciones provocadas por el vertido", ha añadido.

Para el dirigente federal, "lamentablemente hechos como éste vuelven a poner de manifiesto las graves consecuencias de un modelo económico y productivo en el que la defensa del medioambiente está sometida a los intereses económicos", por lo que ha insistido en reclamar que la empresa causante de los daños asuma "sus responsabilidades civiles, administrativas, económicas y, si las hay, penales".

En su opinión, "es tiempo ya de que la ciudadanía, los agentes sociales y económicos, así como las administraciones públicas, asuman que las cuestiones ambientales deben ser tenidas en cuenta, incorporadas a la práctica diaria de la vida política, social y económica". "Sólo así estaremos trabajando, de verdad, por un desarrollo económico sostenible que tenga en cuenta el interés de la mayoría social, frente a los beneficios económicos de una minoría", ha concluido.