Un total de 688 personas deben devolver 390.899 euros al Ayuntamiento de Utrera tras haber trabajado para él

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelve que 688 personas contratadas eventualmente por el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) durante 2011 deben devolver 390.899 euros a esta administración local. Merced a una sentencia previa revocada por la citada resolución, estas personas habían percibido una retribución salarial equivalente a los funcionarios de dicho Consistorio, viéndose ahora obligados a reintegrar a las arcas públicas la diferencia. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), ha anunciado flexibilidad para resolver el conflicto.
El Alcalde Informa De Los Efectos De La Sentencia.
El Alcalde Informa De Los Efectos De La Sentencia.
AYUNTAMIENTO/EUROPA PRESS

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelve que 688 personas contratadas eventualmente por el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) durante 2011 deben devolver 390.899 euros a esta administración local. Merced a una sentencia previa revocada por la citada resolución, estas personas habían percibido una retribución salarial equivalente a los funcionarios de dicho Consistorio, viéndose ahora obligados a reintegrar a las arcas públicas la diferencia. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), ha anunciado flexibilidad para resolver el conflicto.

El origen de esta situación, según el Ayuntamiento, es la denuncia presentada en su día por CCOO tras no firmar el convenio colectivo al estar en desacuerdo con alguno de los artículos del mismo, especialmente en lo referente a la equiparación del personal contratado con aquellos trabajadores que han obtenido su plaza a través de oposiciones.

En marzo de 2011, un juzgado de lo Social de Sevilla estimó parcialmente la denuncia presentada por CCOO, por lo que el Consistorio utrerano abonó entre los meses de junio y julio de ese año las cuantías económicas derivadas de la diferencia entre lo abonado a los trabajadores y lo que estimaba la sentencia.

El ayuntamiento recurrió esta sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló a favor del consistorio en febrero de 2012, recogiendo en su sentencia la obligación por parte del ayuntamiento de reclamar las cantidades antes abonadas, que en su totalidad suman 390.899 euros, ya que se trata de un dinero público y, en consecuencia, debe regresar a las arcas municipales.

Por ello, a todas las personas afectadas por esta sentencia se les está enviando una carta en la que se les informa de que han percibido erróneamente unas cantidades que ahora deben devolver, dándoles un plazo para presentar alegaciones e indicándoles que también tienen disponible la posibilidad de fraccionar el pago hasta en tres año, comenzando a pagar a partir de enero de 2013. En este sentido, el alcalde, ha manifestado ser consciente del problema que esto puede suponer para muchos de los afectados, por lo que "he decidido paralizar los cobros de todas aquellas personas que estén en situación de desempleo y, sí bien es cierto que se trata de una deuda que se mantiene con el ayuntamiento, no se procederá a hacer efectivo el cobro hasta que estas personas no vuelvan a trabajar para el propio ayuntamiento".

Jiménez insiste en que no ha sido el Gobierno Municipal el que ha generado este problema, sino la denuncia presentada en su día por CCOO. Paradójicamente, hasta el momento "es UGT quien ha iniciado una ronda de descalificaciones y acusaciones" contra el alcalde, a pesar de haber estado en su día a favor del convenio colectivo y defender la postura del ayuntamiento ante los tribunales y en contra de la posición de CCOO.

En este sentido, el alcalde recuerda que ya en su día se le acuso con el dedo y "se enviaron centenares de cartas a las personas afectadas en las que veladamente se me acusaba de quedarme con un dinero que no me pertenecía". Sobre lo manifestado en los últimos días por UGT, Francisco Jiménez asegura que "es indigno que, escudándose en falsos argumentos y con declaraciones en notas de prensa que rayan lo delictivo, este sindicato pretenda hacer recaer la culpa sobre mi persona". Entiende que las declaraciones de UGT están más dirigidas a hacer ruido ya que "no tienen ningún motivo real para hacerse oír porque, a diferencia de la mayoría de los ayuntamientos, en Utrera se paga religiosamente la nómina, se paga a los proveedores y no se están produciendo despidos. Por eso es mucho más fácil injuriar al alcalde que reconocer que se están haciendo bien las cosas".

Por último, Jiménez volvió a recomendar a los trabajadores afectados que se mantengan tranquilos y no se preocupen por la devolución de un dinero a la que no tendrán que hacer frente hasta que no vuelvan a ser contratados por el consistorio. Quienes sí tienen que devolver las cantidades satisfechas antes de la sentencia, son aquellas personas que trabajan en la actualidad para el consistorio, para lo que dispondrán de las facilidades antes mencionadas.

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