El Grupo popular del Parlamento andaluz defenderá en el próximo pleno de la cámara autonómica una moción que defiende una reordenación integral de la administración andaluza, con medidas como la eliminación de la mitad de los altos cargos de la Junta de Andalucía y su "administración periférica", la reducción de las ayudas asignadas a los partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales, la eliminación de los contratos "blindados" y la supresión de la indemnización para viviendas en el caso de los delegados provinciales de las consejerías.

El portavoz de Función Pública del Grupo Popular, Rafael Ruiz Canto, ha celebrado este domingo en Sevilla una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los pormenores de esta moción destinada a corregir el "fracaso" de las políticas y negociaciones emprendidas por el Gobierno andaluz en cuanto a la organización, arquitectura y función de la Administración pública de Andalucía.

Contra el "enchufismo"

La moción, destinada a reordenar "la política general en materia de administración pública", intenta combatir "el enchufismo y los continuos ataques a los principios de igualdad y mérito", según ha manifestado Ruiz Canto, quien ha atribuido a las décadas de gobierno socialista y sus prácticas los conflictos que vive actualmente la Administración autonómica en materia laboral y de funciones.

La moción, recogida por Europa Press, parte de la necesidad de "garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, con exclusión de cualquier situación de desigualdad que pueda suponer privilegio en el acceso a la condición de empleado público". Por eso, la moción apuesta por "ajustar la política de contratación del personal en todos los entes del sector público andaluz a los principios de igualdad, transparencia, publicidad, mérito y capacidad", así como por "reducir los puestos de libre designación y regular con urgencia y claridad el sistema de provisión de puestos mediante ese sistema, devolviéndole su carácter excepcional".

Combatir la "administración paralela"

Esta moción reclama, igualmente, la "reconducción" de "la práctica de la administración paralela", dado que dicha fórmula ha demostrado ser, a juicio del PP, "opaca y poco eficiente". En el mismo sentido, esta propuesta reclama medidas para "evitar duplicidades" en la administración pública. Los populares reclaman también en esta moción límites a "las encomiendas de gestión y encargos de ejecución al sector público empresarial sobre tareas que puedan ser desarrolladas por el personal funcionario, laboral e interino, eliminando el uso fraudulento y abusivo y el sobrecoste añadido", proponiendo en la misma línea que "la contratación de servicios externos se circunscriba a supuestos en los que se encuentre debidamente justificada".

Igualmente, aboga la moción por crear "una mesa de diálogo social" con las organizaciones sindicales de la función pública y así promover "una verdadera reforma de la Administración". En ese sentido, los populares proponen "una reducción del 50 por ciento de altos cargos de la comunidad autónoma y de los altos cargos de la administración periférica de la Junta, así como una efectiva supresión de puestos de gerentes provinciales de organismos autónomos, del sector público empresarial y de entidades asimiladas", extremo también propuesto para el personal eventual de confianza.

Menos subvenciones para partidos y sindicatos

La moción reclama, en paralelo, "criterios objetivos para las retribuciones de los altos cargos y directivos del sector público, incluyendo cualquier complemento o plus de productividad, de forma que no superen el nivel retributivo del presidente de la Junta de Andalucía". Igualmente, el PP propone en esta moción "excluir de las indemnizaciones para vivienda a los delegados provinciales y eliminar contratos blindados de alta dirección en el sector público empresarial", así como "reducir las subvenciones destinadas a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales".

También piden los populares, entre otras muchas medidas recogidas en esta moción, "profesionalizar el personal directivo de la administración pública, de tal manera que los directores generales de las distintas consejerías sean funcionarios".