Un Juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre acusado de construir una vivienda ilegal de 100 metros cuadrados con piscina en la localidad de La Rinconada y ha ordenado demoler lo construido a pesar de que, desde el Ayuntamiento, se han iniciado los trámites para reclasificar el terreno, actualmente no urbanizable, como suelo urbano.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez de lo Penal número 12 condena al acusado, F.J.J., a seis meses de prisión y el pago de una multa de 2.160 euros por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que absuelve a su esposa, A.M.G., al entender que "no consta que conociera la adquisición de la parcela y el uso a que se destinó".

Pues bien, la juez María de los Ángeles Cortés considera probado que el acusado es propietario desde julio de 2006 de una parcela de 1.000 metros cuadrados vallada y de uso exclusivo en la zona de Casanavas, dentro del paraje conocido como 'El Serafín'.

Así, entre los años 2006 y 2007 edificó en la parcela una vivienda de 100 metros cuadrados, un trastero de cinco metros cuadrados y una piscina desmontable sobre plataforma de hormigón, todo ello sin contar con la correspondiente licencia municipal y en suelo no urbanizable de especial protección para cultivos extensivos.

No obstante, y como consecuencia de la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo al Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla (Potaus), aprobado inicialmente en pleno el 15 de julio de 2010, el objetivo es clasificar el terreno como suelo urbano no consolidado.

Revisión del pgou

Los acusados alegaron, en su defensa, la posibilidad de legalización posterior de lo edificado después del inicio de los trámites para reclasificar el suelo, e incluso una perito afirmó en el juicio que, aunque todavía tiene la calificación de suelo no urbanizable, "cumple todos los requisitos para que sea aprobada la reforma del PGOU que lo encuadra en suelo no urbanizable".

Así, aseveró que la parcela en cuestión "cumple todos los servicios necesarios, y el Ayuntamiento ha suspendido todas las órdenes de demolición que hay pendientes de ejecución", pero la juez concluye que "el inicio de un proyecto de regularización del terreno por particulares o administraciones no es impedimento para la apreciación de la punibilidad de la conducta".

De este modo, recuerda que las audiencias provinciales concluyen, "si no unánimemente sí mayoritariamente", que "la infracción se comete vigente la calificación que impide la construcción y no puede condicionarse a ulteriores calificaciones".