La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y diez meses de cárcel para el abogado Jaime Montis, acusado en el marco del caso Son Oms, por presuntamente defraudar a Hacienda un total de 199.456 euros a través de la empresa 'tapadera' de la que se habría servido para cobrar las comisiones percibidas a raíz de la recalificación del polígono Son Oms. Asimismo, le acusa de 'colar' en la contabilidad de la mercantil facturas falsas por un valor total de 545.600 euros, tal y como consta en su escrito de calificación de estos hechos, al que ha tenido acceso Europa Press.

Se trata de la segunda pieza del caso Son Oms en ser calificada, después de que recientemente el Ministerio Público presentase su escrito de acusación por otro de los flecos de la causa, en el que el propio Montis, presunto testaferro de la excúpula de UM, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel y el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, a 19 años y tres meses.

En su nuevo escrito, la Fiscalía asevera cómo Montis, para quien reclama además el pago de 600.000 euros de multa y el abono de la cuota supuestamente defraudada del Impuesto de Sociedades en el año 2004, realizó durante ese año unos asientos contables incorrectos y, con intención de eludir su correcta tributación, presentó una declaración inveraz por el anterior impuesto, omitiendo así de forma "deliberada" el pago de 199.456 euros.

En este contexto, la acusación recuerda, a pesar de que en 2004 la actividad de la empresa, de la que el letrado era administrador y socio único, básicamente consistió en la venta de tres solares y un trabajo de intermediación inmobiliaria, la mecánica que llevó a la supuesta defraudación consistió en hacer figurar de forma intencionada en la partida de gastos numerosas facturas que no acreditaban la realización de servicio alguno.

Así, algunos de los recibos hacían referencia a gastos de electricidad por importe de 66.104 euros; por colaboración de trabajos con otra empresa 'tapadera', Metalumba, por 77.850 euros y 181.650; por instalación de fecales y limpieza de zanjas; por ejemplares de olivo y un camión grúa por 6.248 euros, y por colaboraciones profesionales por parte de su hermano Miguel Montis y su mujer, por 31.112 euros cada una.

Facturas que no podían ser tenidas en cuenta tributariamente

Unas facturas que, según expone el fiscal Juan Carrau en el escrito de acusación, "no pueden ser tenidas en cuenta tributariamente por su incorrección y por no acreditar la realización de los servicios en ellas contenidos, ni que éstos fueran deducibles en relación a la actividad de la Gestora".

Anticorrupción añade, al hilo de lo anterior, que Montis tampoco "valoró adecuadamente" el valor de adquisición de los inmuebles vendidos puesto que debía figurar como valor el de 734.588 euros en lugar de 758.863 que se hizo constar.

En el caso de la otra pieza calificada anteriormente, la Fiscalía postula que tanto Bartomeu Vicens como su mujer crearon la empresa Metalumba "con el propósito de ocultar sus ingresos ilícitos así como su verdadera riqueza", además de evitar su correcta tributación a Hacienda. De hecho, mientras ostentaba el cargo de conseller, la acusación sostiene que recibió unos 559.000 euros directamente, a través de su esposa o por medio de Metalumba, pagos que habrían sido realizados por Montis como propietario de Gestora de Desarrollo Son Oms.