El diputado del PP Jose Antonio Miranda lamenta que la Junta con su plan de ajuste "no haya recortado en el Capítulo 4 del Presupuesto y mantenga el aparato político y la grasa política de la administración paralela", frente a lo que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, considera "una falta de respeto a los trabajadores y empleados públicos el llamarlos 'grasa política'".

En su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha defendido su plan de ajuste, y aunque reconoce que "hay otras maneras de afrontar el objetivo de déficit impuesto por el Gobierno, no es nuestra manera de trabajar, no queremos cerrar servicios y queremos mantener el empleo público".

La consejera ha criticado la "falta de respeto político" del PP al llamar "grasa política a los empleados públicos y funcionarios, lo que demuestra lo que piensa realmente el PP sobre el empleo público".

Martínez Aguayo, quien ha enumerado las medidas contempladas en este plan de ajuste, ha reiterado su propuesta de "extender la reducción salarial de los altos cargos del 7,5 por ciento a todas las comunidades autónomas, de forma que todos los salarios de todas las comunidades deben armonizarse".

Ha reiterado su compromiso con la estabilidad presupuestaria y ha recordado que dicho plan de ajuste "ha venido condicionado y marcado por las medidas y decisiones del Gobierno central", toda vez que "se nos imponen una serie de ajustes que son injustos desde el Ejecutivo central".

En lo relativo a los ingresos, la consejera explicó que, entre otras medidas, el plan prevé un aumento de impuestos porque "todas las comunidades han tenido que subirlos para cumplir con el objetivo establecido de déficit", aunque advirtió que "no todas lo hacen de la misma manera y en Andalucía se opta por la progresividad, subiendo ingresos a las rentas más altas".

En la vertiente del gasto, indicó que se han adoptado medidas que "garanticen el mantenimiento del máximo empleo público posible, no produzcan despidos en el sector público y no impliquen privatizaciones", algo que también distingue a Andalucía de otras comunidades.

Por otro lado, la consejera de Hacienda y Administración Pública aseguró que Andalucía "cumplirá su compromiso" con la estabilidad presupuestaria, "aún a sabiendas de que su reparto es poco racional y profundamente injusto".

En comisión parlamentaria, la consejera criticó la distribución que, de forma unilateral, ha hecho el Gobierno central del objetivo de déficit para 2012, porque "obliga a las comunidades autónomas a hacer un esfuerzo superior al que se impone él mismo en la contención del déficit público", algo especialmente injusto si se tiene en cuenta que "son las comunidades quienes tienen la responsabilidad de prestar la sanidad pública, educación, dependencia y demás servicios propios del Estado de Bienestar".

Ha indicado que las comunidades autónomas realizan un gasto directamente ligado a hacer efectivos unos servicios definidos en normativa estatal, es un gasto dirigido a financiar las prestaciones sociales que los ciudadanos tienen garantizadas por ley", argumentó la consejera, por lo que "difícilmente puede reducirse en época de recesión económica, al ser un gasto estructural".

La consejera consideró también "poco equitativo" que el Gobierno central haya fijado un objetivo de déficit igual para todas las comunidades, sin tener en consideración el grado de participación que ha tenido cada una en la generación de endeudamiento.

Igualmente, consideró injusto el criterio de asignación del déficit en función del PIB, porque sólo tienen en cuenta la riqueza del territorio, no su población. "Permitir una mayor capacidad de endeudamiento a las autonomías más ricas está aumentando las desigualdades entre los territorios, produciéndose considerables divergencias entre las Comunidades", denunció.

Siguiendo con este argumento, aseguró que el uso del PIB para establecer el límite de déficit desvirtúa un modelo en el que los servicios públicos se financian en función de la población, no de la riqueza de los territorios.

Por ello, Martínez Aguayo reivindicó que se individualice el objetivo de déficit en función de la población, que es un criterio acorde con la financiación de las Comunidades, y en función del endeudamiento.

Pese a todo, la consejera garantizó que Andalucía cumplirá su compromiso con la estabilidad presupuestaria, para lo que, recordó, ha presentado un Plan Económico Financiero en el que se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de déficit establecido para el año 2012.

"Es un plan fuertemente condicionado por las decisiones del Gobierno de España, como son el recorte de ingresos en áreas claves como dependencia, educación y políticas activas de empleo o la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, entre otros, pero lo hemos adoptado por responsabilidad, porque somos conscientes de que la situación actual demanda unidad para fortalecer la posición de España en los mercados internacionales", indicó la consejera.

Criticas del pp

Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda pide a la Junta que "mantenga prestaciones sociales, mejore el empleo y la calidad del empleo de los funcionarios y arbitre criterios de racionalización del gasto".

Miranda lamenta que "la soberbia de la Junta le impide hacer autocrítica" en torno a dicho plan y apunta que "la responsable de estas medidas es la Junta, el PSOE e IU, no el Gobierno central" y critica que Andalucía "es la última comunidad en desarrollo y la primera en desempleo" y lamenta que "en 30 años esté alimentando la administración paralela".

"La Junta castiga a los empleados públicos, no actúa sobre la grasa política y la administración paralela, sino que aplica recortes sociales, recorta la inversión productiva, sube impuestos y recorta derechos", ha agregado Miranda.