El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado hoy que el equipo de Gobierno (PP) está "incumpliendo" la normativa municipal de mercados al denegar licencias para el mercadillo de La Esperanza por causas "injustificadas".

Así lo ha expresado la concejala socialista Alicia Muñoz ante el presidente de la Comisión de Mercados, el concejal Ramón Saíz Bustillo.

Según ha señalado Muñoz, el Ayuntamiento está denegando licencias amparándose en resoluciones que "no se acogen a ningún articulado" sino que son "valoraciones personales" que no justifican este rechazo.

En la actualidad, el mercadillo de La Esperanza cuenta con 46 puestos con licencia mientras que la normativa fija una capacidad de hasta 67 puestos, según han apuntado los socialistas en un comunicado.

"Mientras haya puestos libres no se entiende que se rechacen licencias que cumplen la normativa", ha enfatizado Muñoz, que ha recriminado al concejal de Mercados que ponga "trabas" a los comerciantes.

La edil socialista ha explicado que las resoluciones emitidas por el Ayuntamiento se amparan en "opiniones personales", como la "poca rentabilidad" que obtendrá el mercado dada la coyuntura económica o "argumentos históricos que están fuera de lugar".

El Consistorio también se ampara en una petición de los comerciantes del Mercado de Abastos cuando la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, prohíbe expresamente la intervención de competidores en los órganos encargados de informar sobre la concesión o denegación de las licencias.

En este sentido, la concejala socialista ha exigido al Consistorio que "vele por el buen funcionamiento de ambos mercados".

Para Muñoz, "el Ayuntamiento está intentando poner puertas al campo en perjuicio de los santanderinos".

Comisión social

Durante la Comisión, la edil socialista también ha reclamado al concejal de Mercados que las asociaciones de comerciantes y consumidores participen en la modificación del reglamento de mercados de abastos que el Consistorio está llevando a cabo.

Según ha señalado Muñoz, la normativa actual establece que el Ayuntamiento debe convocar obligatoriamente la Comisión Social, en la que tiene representación los grupos políticos y las asociaciones de consumidores y comerciantes.